En ella, la acusada Rocío Gondar ha aprovechado la oportunidad que le brinda la Ley del Jurado para dirigirse a los miembros del tribunal popular y, a pesar de que "no sirve de nada" dijo, ha pedido "perdón" a la familia de Secundino Prego por haberle matado.
"Estoy muy arrepentida de lo que hice", ha sostenido antes de reiterar que no lo hizo sola y que la otra acusada, Albertina Táboas, "estuvo pegada" a ella "en todo momento". Rocío ha tratado con sus palabras de corresponsabilizar del asesinato del octogenario a su compañera en el banquillo de los acusados.
En la lectura de los informes finales, el abogado que defiende a Albertina modificó la petición inicial de libre absolución para reconocer ahora que su cliente es autora de un delito de encubrimiento, penado con tres años de prisión. El letrado de la defensa admite que Albertina "ayudó a la responsable del crimen a eludir su responsabilidad fingiendo un robo", según ha afirmado en la Sala.
Por su parte, el abogado de Rocío ha pedido al jurado popular un veredicto de "no culpable" al entender que su cliente es "inimputable" al concurrir en este caso la eximente de haber actuado ante un "miedo insuperable" y en plena alteración mental como acreditan sus informes psiquiátricos.
Si no acepta esa eximente, la defensa de la joven pide que se considere su trastorno de personalidad como un atenuante "muy cualificado", al que suma también el atenuante de haber confesado el crimen, tanto ante la policía como en la vista oral, y haber colaborado con la justicia para esclarecer el caso.
Por su parte la fiscal, Carmen Novo, ha mantenido la petición de 20 años de prisión por un delito de asesinato al entender que las dos mujeres que se sentaron en el banco de acusados de la Audiencia actuaron "por sorpresa y a traición", aprovechándose de la "confianza" que la víctima había depositado en ellas y provocando que Secundino "no pudiese defenderse en absoluto".
Ambas serían culpables, ha señalado en sus conclusiones la fiscal, de un delito de asesinato sobre el que concurren además las agravantes de alevosía, ensañamiento y recompensa, esta última al entender que el móvil del crimen fue económico.
Finalmente el abogado que ejerce la acusación particular en nombre de los hijos de la víctima ha elevado a 25 años su petición de cárcel para las dos acusadas. Entiende que durante el juicio su culpabilidad ha quedado demostrada de forma "clara y rotunda", en vista de los testimonios, las pruebas y los informes forenses que se han aportado durante estos cinco días de juicio.
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