La presidenta chilena Michelle Bachelet vetará parcialmente la flamante y polémica ley de reforma laboral y enviará al Congreso un nuevo proyecto que adecue la parte del texto declarada inconstitucional, en especial un artículo que fortalecía a los sindicatos, informó este sábado el gobierno.
La reforma laboral impulsada por Bachelet fue aprobada tras más de un año de discusión en el Congreso, pero a fines de abril sufrió un duro revés en el Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional un artículo que brindaba exclusividad sindical en la negociación colectiva.
"La presidenta ha decidido por una parte vetar algunas de la normas del proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales", dijo el ministro vocero del Gobierno, Marcelo Díaz, en conferencia de prensa.
A su vez, anunció "el envío de un nuevo proyecto de ley para poder en el marco de los dos instrumentos hacernos cargo del objetivo que nos planteamos, es decir un avance en materia de protección de los derechos de los trabajadores", agregó el funcionario.
El Fallo del Tribunal -que actuó tras un recurso interpuesto por la derecha opositora- fue duramente criticado por los sindicatos y el gobierno lo calificó como una derrota para los chilenos.
El día de los Trabajadores Bachelet había anunciado que introduciría los ajustes necesarios para que la ley "no pierda coherencia interna ni su espíritu de equidad".
Díaz señaló que a diferencia de la larga discusión que tuvo el proyecto inicial de reforma laboral en el Congreso -con mayoría oficialista en ambas cámaras, pero fuertemente rechazado por los empresarios y la oposición política- se espera "avanzar rápidamente sobre la parte de envío de este nuevo proyecto y su tramitación".
La reforma laboral de Bachelet modificó el código laboral promulgado en 1979 por el dictador Augusto Pinochet, con el fin de reducir la injerencia sindical a su mínima expresión.
Una de las consecuencias de la ley se visualiza en la tasa de sindicalización en Chile donde bordea actualmente el 14%, una de las más bajas de América Latina.
La nueva ley busca que el sindicato sea el principal agente de negociación colectiva y prohíbe los reemplazos de trabajadores durante las huelgas, pero instituye un sistema de servicios mínimos.
Junto a la ley laboral, la reforma educativa -cuya implementación está en marcha- Bachelet inició un proceso constituyente que podría culminar con reformas a la Carta Magna en el próximo gobierno, en otro intento por borrar la herencia legal de Pinochet (1973-1990).
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