Císcar defiende la investigación "rutinaria" que se hizo en Vicepresidencia y niega vinculación con el 'topo'

Císcar se ha expresado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de las Corts, después de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, haya asegurado en la sesión de control que el exvicepresidente encargó a un detective privado en enero de 2012, poco después de acceder al cargo, un informe técnico para conocer si había dispositivos de escucha instalados en el Palau de Valeriola.

El diputado del PP ha explicado que la inspección se encargó cuando fue nombrado vicepresidente a principios de 2012, mucho antes de las investigaciones por el 'topo', y ha recalcado que no tiene ninguna vinculación. Al respecto, ha explicado que esta inspección la encargó Vicepresidencia por "consejo" del "personal de la casa" ya que "hacía mucho tiempo que no se hacía nada de control de seguridad" del edificio.

Además, ha recalcado que contó "en todo momento" con la supervisión del comisario jefe de la Policía Autonómica, quien realizó una visita previa y consideró también que era "conveniente" porque "hacía mucho tiempo" que no se realizaba un examen.

Preguntado por si se contrató a detectives, ha alegado que no recuerda "el detalle" porque son "cuestiones administrativas" que se realizan de forma periódica al igual que se hacían en el Palau de la Generalitat previa a su llegada por "motivos de seguridad". "No cada año pero sí cada cierto tiempo porque son sitios sensibles por los cargos que allí están", ha insistido.

Así, ha señalado que es una inspección "totalmente rutinaria" y "habitual" como se ha hecho en otras ocasiones y en otras dependencias por "motivos estrictamente de seguridad y nada más" ya que además en ese edificio estaba la Abogacía de la Generalitat que "trata temas muy sensibles".

Por ello, ha señalado que no entiende esta controversia cuando, además, la inspección no se realizó sólo en su despacho sino también en otras dependencias y que no fue llevado al Pleno del Consell porque no tenía que aprobarse allí.

Císcar, que ha señalado que no tiene conocimiento de que se encargaran otras inspecciones durante esa legislatura, ha explicado que el informe apuntaba a deficiencias que fueron subsanadas y ha señalado que no puede recordarlas, ni tampoco cuánto costó, porque ni siquiera leyó el informe ya que era "una cuestión administrativa" que competía al "personal de la casa leerlo y poner remedios".