En una batería de preguntas registrada en el Congreso, los diputados Marcial Gómez Balsera y Sergio del Campo Estaún señalan que esta norma dicta un plazo de un año para realizar de un estudio actuarial sobre los coeficientes reductores, con el fin de evaluar su adaptación "a los principios de proporcionalidad y contributividad al sistema".
A pesar de que la aplicación de esta Ley se suspendió durante tres meses en virtud del Real Decreto Ley 29/2012, los diputados critican que cinco años después "no se tiene constancia ni de la realización ni de la presentación de dicho estudio actuarial".
Por ello, Gómez y Del Campo preguntan al Gobierno si ha dado cumplimiento a este mandato legal; si ya lo ha hecho, cuándo piensa hacerlo público; y en caso de que no, cuándo piensa cumplirlo.
Asimismo, preguntan al Ejecutivo si contempla o tiene previsto medidas para "flexibilizar" el coste que tuvo la aplicación de estos coeficientes en la pensión de las personas obligadas a prejubilarse y si ha pensado en reducir estos coeficientes y adaptarlos a los mencionados principios de proporcionalidad y contributividad.
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