Fuentes oficiales de Coemac han indicado a Europa Press que tras haber sido estudiada esta sentencia del TSJA por sus servicios jurídicos, la empresa entiende que dicha sentencia "no se ajusta al criterio sentado por el Tribunal Supremo en materia de prescripción, aplicando la tesis de los daños continuados, que ha sido expresamente rechazada por esa institución".
Por ello, ha decidido interponer recurso contra la sentencia del TSJA ante el Supremo.
El TSJA ha resuelto a favor del recurso presentado a finales de 2013 por los abogados de los antiguos trabajadores de la antigua fábrica de Uralita en Dos Hermanas (Sevilla) que resultaron afectados por el amianto, de forma que la empresa deberá pagar 1.150.000 euros a estos empleados, cantidad que triplica a la condena inicial dictada en la sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla, cifrada en 350.000 euros.
Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que esta sentencia del TSJA corresponde al recurso interpuesto por afectados del amianto en el primer juicio colectivo contra Uralita en Andalucía, celebrado en 2013.
El TSJA de esta forma ha condenado a la empresa a pagar aproximadamente 1.150.000 euros. Los días 10 y 11 de junio de 2013 se celebró el juicio en el Juzgado de lo Social Número 5 de Sevilla y se obtuvo una sentencia que condenaba a la empresa a abonar aproximadamente 350.000 euros.
Frente a esta resolución del Juzgado de lo Social, los abogados de los antiguos trabajadores presentaron recurso ante el Alto Tribunal andaluz, de forma que ahora el TSJA ha establecido indemnizaciones a favor de la mayoría de los demandantes, "que oscilan entre los 190.000 y los 20.000 euros, por lo que el cómputo total por el que se condena a pagar a Uralita ha pasado de aquellos 350.000 euros a 1.150.000 euros", indicaron en su momento representantes de los trabajadores.
La sentencia se produjo tras el juicio celebrado en junio de 2013 a raíz de la demanda colectiva presentada por 26 extrabajadores, que reclamaban 2,2 millones de euros en indemnizaciones a la empresa por los problemas de salud sufridos fruto de la exposición al amianto.
Dicha sentencia reconocía negligencia por parte de Uralita al no adoptar medidas de prevención suficientes pero sólo condenaba a la empresa a indemnizar a la mitad de los demandantes, reduciendo la indemnización a 350.000 euros, ya que en el resto de casos la reclamación "se produjo demasiado tarde y la posible responsabilidad de la empresa ha prescrito".
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