El secretario de Comunicaciones del presidente, Martin Andanar, había asegurado anteriormente que sobre el presidente ya no pesaba ningún cargo por su implicación en estas ejecuciones.
No obstante, el organismo ha recordado al Palacio de Malacañang --el Palacio Presidencial-- que había enviado una resolución, con fecha de junio de 2012, a la Oficina del Defensor del Pueblo recomendando al apertura de una investigación en torno a la Alcaldía de Duterte por un posible delito de connivencia hacia las ejecuciones exctrajudiciales llevadas a cabo durante su mandato.
"La comisión nunca retiró los cargos del exalcalde sobre las ejecuciones y su presunta implicación el escuadrón de la muerte de Dávao", ha señalado, según declaraciones recogidas por el diario filipino 'Inquirer'.
"Nuestras investigaciones previas muestran que no se han hecho importantes esfuerzos para abordar las ejecuciones en este período", ha añadido, antes de recordar que las investigaciones aún continúan en marcha.
Ya desde la campaña presidencial, Duterte se comprometió a acabar con el narcotráfico en el país atacando directamente a sus responsables y se comprometió a matar a todo aquel que traficara o consumiera drogas, al igual que hizo con la delincuencia en la ciudad de Dávao.
Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cerca de 6.100 personas han muerto a manos de policías, 'vigilantes' o mercenarios desde el inicio de la 'guerra contra las drogas' del presidente.
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