Este plan, que se elabora por primera vez, en línea con la nueva legislación estatal sobre procedimiento administrativo común, supone un impulso a la hora de reforzar la seguridad jurídica, la participación ciudadana y la revisión del ordenamiento jurídico en la Comunidad de Madrid, ha informado este martes el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Este plan anual, coordinado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, incluye las iniciativas legales o reglamentarias que se van a aprobar en el siguiente ejercicio. Debe ser aprobado en Consejo de Gobierno antes del 30 de abril del año inmediatamente anterior.
Así, en 2018, el Gobierno regional tiene previsto aprobar 11 proyectos de Ley relativos a responsabilidad medioambiental, a ayudas financiadas con fondos agrícolas europeos, a salud pública, a ordenación farmacéutica, a la autoridad del personal sanitario, a investigación científica e innovación, al Plan de Estadística, a las cooperativas, a los presupuestos de la región así como a los archivos y documentos de la Comunidad de Madrid.
El plan también prevé la aprobación de 66 normas reglamentarias, vía decreto, sobre distintas materias, entre ellas el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones, la regulación de los centros de servicios sociales, de los puntos de encuentro familiar, el reglamento de adopciones y acogimiento, el reglamento de los servicios de transporte público urbano en automóviles de turismo, de las viviendas con protección pública o la regulación de la sanidad mortuoria o del procedimiento de creación y reconocimiento de universidades.
Cualquier propuesta normativa que no esté recogida en el plan y se eleve a Consejo de Gobierno en 2018 deberá incluir una justificación de este hecho, en la correspondiente memoria de análisis de impacto normativo.
El plan también identifica 16 normas que deberán someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación, de manera que se pueda constatar la eficacia de la norma aprobada, es decir, si ha conseguido los fines propuestos; y su eficiencia, identificando cargas administrativas que podrían evitarse y la sostenibilidad de la disposición.
La Comunidad sostiene que la aprobación de este plan facilitará la participación de ciudadanos y empresas en los procedimientos de consulta pública previos a la elaboración de las normas, así como en los trámites de audiencia e información pública posteriores.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios