La Fiscalía ha afirmado que el tribunal ha condenado a Rayab, presidente del Centro de Bahréin por los Derechos Humanos (BCHR), al considerar que sus actividades "no están relacionadas con los Derechos Humanos ni con su derecho de expresión y opinión".
Según las informaciones recogidas por la agencia estatal bahreiní de noticias, BNA, "los cargos iban en línea con la ley (...) y con crímenes similares contemplados por el Derecho Internacional".
La Fiscalía ha agregado que el activista tiene derecho a apelar el fallo ante el Tribunal de Apelaciones, tal y como contempla la legislación del país. Rayab no ha comparecido en el juicio por motivos de salud.
Las autoridades le imputaron cargos por "participar en programas de televisión (...) para difundir noticias, informaciones y rumores falsos y sesgados que dañan el prestigio y la postura del reino y debilitan la confianza en él".
Así, sostuvieron que el objetivo de Rayab era "incitar la antipatía y la rebelión ante el sistema en vigor" e "incitar las divisiones sociales para provocar disturbios sociales".
Rayab es uno de los activistas más conocidos en el mundo árabe y fue uno de los principales símbolos de las protestas en 2011 a favor la democratización del país, liderada por la mayoría chií y que contó con la participación de sectores liberales de la comunidad suní.
El BCHR ha reaccionado a la sentencia a su presidente, subrayando que el tribunal "le ha condenado por cargos que derivan de su activismo pacífico, incluida la defensa de los Derechos Humanos a través de la televisión".
"El juicio y el veredicto son la culminación de más de un año de detención preventiva ilegal bajo duras condiciones que han provocado múltiples problemas de salud, que han derivado en que Rayab fuera hospitalizado durante varios meses", ha denunciado.
En su comunicado, el organismo ha recalcado que "debatir sobre Derechos Humanos en televisión no es un crimen", añadiendo que encarcelar a Rayab "es indignante". "El Gobierno bahreiní está usando al tribunal para silenciarle", ha remachado.
En las citadas entrevistas, Rayab se refirió a la prohibición de las autoridades a la entrada al país a determinados medios de comunicación y periodistas que querían cubrir la represión de las protestas antigubernamentales de los últimos años.
El activista está también a la espera de juicio en un caso por una serie de 'tuits' y 'retuits' sobre la guerra en Yemen, en el que se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, en caso de ser condenado.
A las condenas se ha sumado el Instituto de Bahréin por los Derechos y la Democracia (BIRD), que ha reclamado la "liberación inmediata" del activista, recordando además que permaneció en prisión sin cargos durante seis meses y que se le ha negado el derecho a libertad bajo fianza.
El BIRD ha llamado la atención además sobre el estado de salud de Rayab, quien fue operado a principios de abril y quien tuvo que ser hospitalizado por una infección tras ser devuelto a prisión apenas horas después de la intervención.
Así, ha resaltado que "los cargos y el juicio contra Rayab constituyen una violación de su libertad de expresión, garantizada por el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), que Bahréin firmó en 2006".
"Sin ironía alguna, los documentos de la acusación vistos por ONG recogen que Rayab está siendo juzgado por afirmar que el Gobierno de Bahréin 'arrebata la libertad de expresión y opinión'", ha dicho.
"Si bien hablar con exactitud no es un requisito previo para ejercer la libertad de expresión, existe el dato interesante de que la mayoría de las afirmaciones que la Fiscalía presenta contra Bahréin han sido demostrados como ciertos", ha agregado, citando investigaciones de organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, sobre la represión en el país.
Por ello, el director del BIRD, Ahmed Alwadei, ha afirmado que "no se trata sólo de Nabil Rayab". "Esta sentencia indignante contra alguien que dice la verdad muestra la brutalidad del Gobierno de Bahréin y sus brutales crímenes".
"Esto es una vergüenza para los gobernantes de Bahréin, y tiene lugar debido a que los Al Jalifa (la familia que ocupa el trono) cree que no habrá consecuencias por sus brutales abusos", ha zanjado.
REACCIONES DE AMNISTÍA Y HRW
Por su parte, las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han criticado la sentencia, criticando duramente a las autoridades del país y enmarcando la condena en la escalada de represión de las autoridades.
En este sentido, el secretario general de AI, Salil Shetty, ha destacado que "encarcelar a Rayab simplemente por compartir su opinión es una violación flagrante de los Derechos Humanos y un signo alarmante de que las autoridades de Bahréin harán lo posible para silenciar a los críticos".
"Rayab debe ser aplaudido por desvelar las acusaciones de graves abusos de los Derechos Humanos. En lugar de ello, el Gobierno y la justicia de Bahréin han apretado nuevamente el cerco sobre la libertad de expresión y la han etiquetado como criminal. Nadie debe ser encarcelado por hablar de Derechos Humanos", ha argumentado.
Así, ha recordado que "Rayab ha sido juzgado desde hace años por hablar contra los abusos de los Derechos Humanos", pidiendo a las autoridades que le liberen "de forma inmediata e incondicional".
"Les pedimos que pongan fin a su represión de la libertad de expresión y que garanticen el derecho de todo el mundo en Bahréin a expresarse de forma pacífica", ha remachado Shetty.
En esta línea se ha expresado la directora de HRW para Oriente Próximo, Sarah Leah Whitson, quien ha apuntado que "la condena contra Rayab, uno de los principales defensores de los Derechos Humanos en el mundo árabe, (...) es un una prueba de la naturaleza hipócrita de este procedimiento judicial".
"El trabajo de Nabil perdurará para las generaciones hasta que los bahreiníes compartan los mismos Derechos Humanos como gente libre del mundo", ha manifestado en un breve comunicado publicado en su cuenta en la red social Twitter.
AUMENTO DE LAS TENSIONES EN BAHRÉIN
El país atraviesa un momento de gran tensión, en medio del aumento de la represión por parte de las autoridades, incluyendo la suspensión de partidos opositores y la condena contra líderes de la oposición y activistas.
Recientemente modificó la Constitución para permitir que los civiles sean juzgados por tribunales militares. La última vez que esto se dio fue tras las protestas de 2011, cuando cerca de 300 personas fueron condenadas por crímenes políticos.
Asimismo, el Gobierno anunció en enero la restauración de la autoridad para llevar a cabo detenciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), dando marcha atrás en una de las recomendaciones de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin (BICI) que había aplicado.
Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas, y en 2011 impuso la Ley de Seguridad Nacional, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las manifestaciones.
La oposición ha denunciado las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 90 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en disturbios.
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