Condenan a militares por masacre cometida en Andes de Perú hace tres décadas

La justicia peruana condenó el jueves a un grupo de militares que hace tres décadas encerró y mató con balas y granadas a 61 pobladores en la localidad andina de Accomarca, entre ellos una veintena de niños, aduciendo eran integrantes de la guerrilla Sendero Luminoso.

La sentencia involucra a 10 miembros del Ejército, una cadena de mando que va desde el general que dio la orden para arrasar el poblado hasta el subteniente Telmo Hurtado, apodado el "carnicero de los Andes", quien admitió que cumplió fielmente la misión y reconoció ser el autor de la muerte de 30 de las víctimas.

Hurtado recibió una condena de 23 años de cárcel y su colega Juan Rivera, 24. Mientras que el general Wilfredo Mori, jefe de la región y quien dio la orden para ejecutar a los pobladores, debe cumplir 25 años de prisión.

A excepción de Hurtado, hoy un hombre de 54 años y preso hace una década, el resto de los sentenciados deben ser ubicados para su encarcelamiento.

Para el tribunal, siete de los condenados son autores materiales y tres (los altos mandos) son autores mediatos de un hecho considerado como "grave violación a los derechos humanos compatible con el delito de lesa humanidad", según la lectura de sentencia transmitida por el canal de TV del Poder Judicial.

La denominada "masacre de Accomarca", un poblado pobre de la región Ayacucho, ocurrió el 14 de agosto de 1985, cuando una patrulla militar irrumpió en la zona bajo la información de que Sendero Luminoso iba a desarrollar una asamblea en el lugar.

Según los testimonios recabados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su informe (CVR, 2003) y reiterados en el juicio, los soldados llevaron a los pobladores a la choza en donde supuestamente iba a realizarse la reunión.

Allí acribillaron y lanzaron granadas a los capturados. El resto de la población corrió a esconderse a los cerros. Los hechos ocurrieron al inicio del primer gobierno de Alan García (1985-1990), quien participó en el juicio como testigo y calificó el hecho como "crimen atroz".

La CVR recomendó judicializar el caso. Los militares participantes en el crimen habían sido beneficiados por una ley de amnistía otorgada durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), norma que se anuló y permitió que en 2005 las investigaciones se reabrieran.

Recién en 2010, la fiscalía pudo acusar a los responsables y se abrió un juicio. El caso ha sido continuado por hijos y hasta nietos de las víctimas.

Durante la guerra interna en Perú (1980-2000), los campesinos pobres de los Andes fueron carne de cañón tanto para las guerrillas como para el Ejército. La CVR contabiliza unos 69.000 muertos producto del conflicto.

Sendero Luminoso está diezmado y la mayoría de sus líderes presos. Remanentes operan en un valle de la selva central del Perú, aliados con el narcotráfico, según las autoridades.