Confirmado el procesamiento del cerebro financiero de la trama por la visita del Papa

EUROPA PRESS

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha hecho públicos este martes seis autos en los que rechaza los recursos presentados por seis de las 24 personas a las que el juez José De la Mata, instructor del 'caso Gürtel' ha sentado en el banquillo de los acusados por contratación de las pantallas y megafonía a una sociedad de la trama con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.

Entre ellos se encuentra José Ramón Blanco Balín, abogado y presunto cerebro de la estructura de blanqueo de capitales del grupo comandado por Francisco Correa, mientras que el resto son exresponsables de la televisión pública valenciana. Se trata de Vicente Sanz, Juan Prefaci, Antonio José de la Viuda, Luis Sabater y Ricardo Calatayud.

En línea con el instructor, los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel entienden que existen "contundentes indicios de criminalidad" en la actuación de estas personas, que posibilitaron la contratación irregular que presuntamente produjo sustanciales beneficios a los principales investigados en detrimento del patrimonio público.

Según la Sala, los investigados ofrecieron cobertura económica a las actuaciones "anómalas, defraudatorias y falsarias" que se extendieron en el ámbito de la actividad pública-empresarial de gestión de los eventos organizados con motivo de la visita del Papa a Valencia entre los días 7 y 9 de julio de 2006.

DESCARTA NUEVA IMPUTACIÓN

En un séptimo auto, el mismo tribunal desestima el recurso de la acusación ejercida por Carmen Ninet y Cristina Moreno Fernández en el que solicitaban que se incluyera como responsable penal a César Tomás Martín Morales -responsable de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte (Madrid)- por su colaboración en la redacción del pliego de condiciones para la adjudicación del contrato de suministros de equipos de vídeo y sonoros, así como por su asesoramiento del llamado "Grupo Correa".

La Sala indica sobre Martín Morales -imputado en la pieza de 'Gürtel' relativa a irregularidades en el Ayuntamiento de Boadilla-, que "no existen nítidos indicios de participación delictiva" de esta persona, ya que no se le ha detectado en reuniones con el resto de investigados por la visita del Papa en relación con la contratación del alquiler de pantallas de vídeo, de los aparatos de sonido y de la megafonía ni de otros elementos indispensables para la organización de los actos investigados en Valencia.

Añade el tribunal que "tampoco existe constancia, ni siquiera indiciaria, de que haya participado en el proceso de ficticia documentación que elevó considerablemente los costes de tales eventos en beneficio de los investigados y detrimento de las arcas públicas".

Únicamente se le sitúa en la emisión de dos informes jurídicos sobre la manera de actuar, "lo que no implica sin más su participación en el entramado presuntamente delictivo perpetrado".

En su día, De la Mata dictó un auto en el que transformó las actuaciones en procedimiento abreviado, un trámite que equivale al procesamiento, contra nueve personas jurídicas y 24 físicas, entre ellas el expresidente de las cortes valencianas Juan Cotino, el director de la televisión pública valenciana Pedro García, varios altos cargos de la televisión pública (RTVV), varios altos cargos de la cadena, así como empresarios del denominado 'grupo Correa' Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y José Ramón Blanco Balín.

Los hechos por los que se serán juzgados los 24 acusados se acotan a la contratación de alquiler de pantallas, mantenimiento y megafonía. Los investigados decidieron que el coste de ese suministro, que fijaron en siete millones de euros, lo llevaría a cabo el ente público RTVV, que a su vez lo adjudicaría a través de Teconsa, empresa pantalla del grupo Correa.

En su auto, De la Mata calificaba a Juan Cotino como "factótum" y elemento nuclear" de la Fundación (FVMEF) como responsable último de sus contratos, " manejando desde atrás" y en común acuerdo con el entonces director de la televisión pública valenciana. Según el juez, " consiguió su propósito de que se adjudicarán al grupo Correa los servicios mencionados.

Mostrar comentarios