El Congreso confirma que aceptará el veto a debatir la transferencia de la AP-9

La Mesa del Congreso ha ratificado este martes su decisión de no aceptar el debate de la transferencia de la AP-9, una proposición de ley aprobada por unanimidad por el Parlamento de Galicia, una posición que, sin embargo, es distinta a la que mantiene con la iniciativa legislativa del PSOE sobre la paralización de la LOMCE y las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas, lo que aboca, en estos dos casos, a un conflicto institucional con el Ejecutivo, que ya había anunciado su intención de acudir al Tribunal Constitucional.

El Gobierno ha pedido paralizar la tramitación de 16 proposiciones de ley planteadas por la oposición o por parlamentos autonómicos, entre ellas la del Parlamento autonómico, y lo justifica en que, si salieran adelante, supondría una desviación presupuestaria de más de 6.100 millones de euros y pondrían en riesgo el cumplimiento del plan de estabilidad comprometido con Bruselas.

Moncloa se acoge a la legislación que establece que todas las proposiciones de ley que se registran en el Congreso deben contar con el visto bueno del Ejecutivo para ser debatidas, ya que el Gobierno cuenta con capacidad para vetar aquellas que, a su entender, puedan tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos, ya sea porque merman los ingresos o porque aumentan los gastos.

HASTA 16 LEYES VETADAS

En el listado de iniciativas vetadas por el gobierno del PP figuran dos proposiciones de ley para paralizar la aplicación de la Ley Orgánica de mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), otras tres que buscan ampliar la supresión de tasas judiciales, una del Grupo Socialista para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas, y cuatro leyes llegadas de parlamentos autonómicos: una de Murcia para fomentar el autoconsumo eléctrico; una del País Vasco, para compensar a víctimas del amianto; otra de Galicia, para asumir la titularidad de la autopista de peaje AP-9; y una de Baleares, sobre emprendedores.

Cada una de estas proposiciones de ley fue objeto de un escrito específico argumentado los motivos concretos del veto, siempre relacionado con un aumento del gasto presupuestario o una reducción de los ingresos previstos.

Frente a esta postura, la Mesa del Congreso, donde el PP no tiene mayoría, no quiso aceptar los vetos del Gobierno y, de entrada, ya levantó los relativos a la LOMCE, cuya paralización ya superó su primer debate en el Pleno, y a la modificación de Estatuto de Trabajadores para mejorar las condiciones laborales en las subcontratas.

En cuanto a las catorce iniciativas vetadas, la Mesa ha decidido atender la exigencia del Gobierno en la mayoría de los casos siguiendo el criterio de los servicios jurídicos, que en su informe recordaban que los vetos se venían aceptando siempre y que el TC ya sentenció que, si el Legislativo quiere desoírlos, debe argumentar por qué no hace caso al riesgo presupuestario que alega el Ejecutivo, que es quien gestiona los recursos públicos.

FOMENTO DIJO QUE NO SE DEBATIESE

El pasado 17 de octubre se conoció la postura contraria al debate que sostiene el Ministerio de Fomento ahora dirigido por Íñigo de la Serna y que supone contradecir la postura que mantienen aquí todos los partidos políticos, incluido el PP, favorables a lograr la titularidad de la autopista que une de norte a sur el eje atlántico gallego.

El informe de Fomento enviado unos días antes al Congreso, destacaba que la autopista AP-9 "vertebra el eje atlántico" enlazando los principales centros económicos de Galicia y cinco de las siete ciudades de mayor tamaño.

El Ministerio que entonces dirigía en funciones Rafael Catalá --tras la marcha de la diputada gallega y ahora presidenta del Congreso, Ana Pastor-- dijo que la AP-9 estaba "integrada" en la red transeuropea de transporte e insistió en que "a través de las vías de alta capacidad de titularidad del Estado" soporta regularmente tráfico de largo recorrido y permite conectar los principales núcleos gallegos "con los diferentes territorios de España y con los demás países de la Unión Europea", incluido Portugal (por la A-55).

Asimismo, apuntó que conecta las áreas de influencia de los cinco puertos de interés general del Estado en Galicia y sus principales rías e incluye la conexión con los tres aeropuertos de Galicia.

Fomento determinó en su informe que esta infraestructura, de acuerdo con la ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, forma parte de la red de carreteras del Estado, ya que "está integrada en un itinerario de interés general, está incluida en un itinerario de tráfico internacional e interés europeo y sirve de acceso al paso fronterizo con Portugal", así como a puertos y aeropuertos.

"Por lo que no sería factible el traspaso de la autopista al Gobierno autonómico de conformidad a lo establecido en la legislación vigente y, de acuerdo con los principios constitucionales de reparto de competencias entre administraciones", añadió.

OBLIGACIONES ECONÓMICAS

En 2014, como recoge la proposición de ley aprobada en la Cámara autonómica, la concesión de la AP-9 tuvo unos ingresos derivados del peaje de 127,7 millones de euros. Dado que el fin de la concesión está fijado para 2018, el coste estimado del rescate de toda la concesión está cifrado en más de 4.300 millones de euros.

Con estos datos de fondo, Fomento advirtió que "en el caso de que la Comunidad Autónoma acordase unilateralmente el rescate de la concesión", la Administración General del Estado "tendría que asumir de manera inmediata unas indemnizaciones a la sociedad concesionaria que estarían cifradas, en al menos 4.300 millones de euros, importe correspondiente al peaje que dejaría de recibir hasta el momento previsto para el fin de la concesión".

No obstante, la proposición de ley del Parlamento de Galicia únicamente contempla el traspaso de la titularidad a la Comunidad gallega.

El Gobierno apuntó, asimismo, que "no existen consignaciones en los créditos presupuestarios del Ministerio de Fomento para el ejercicio 2016 que permitan afrontar dicho pago". Por ello, informa "desfavorablemente" a la proposición de ley de transferencia de la titularidad de la AP-9 a Galicia.

COMISIÓN XUNTA-FOMENTO Y POSICIÓN DEL PP

Aunque la postura del PP gallego es favorable a la transferencia y el Gobierno autonómico ha manifestado que no dejará de reclamar la titularidad, el acuerdo al que llegaron el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una reciente visita a Galicia del miembro del Ejecutivo central es la creación de una comisión para la gestión de la vía.

Sin embargo, esta comisión, que el ministro definió como de "alto nivel" y en la que está previsto que se puedan "compartir" las decisiones más importantes que afecten a la infraestructura, congela, por parte de Fomento, la transferencia de la titularidad.

Además, en el Congreso de los Diputados, los populares tampoco han votado favorablemente a una iniciativa que presentó En Marea con el fin de que el Gobierno levantase el veto para la transferencia de la AP-9. La propuesta decayó por un empate entre los votos a favor y en contra, entre los que situaron los del PP, que entendió que la formación de confluencia quiere el rescate para lo público de la autopista, aunque eso no es lo que incluye la propuesta de ley del Parlamento de Galicia.