La Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso volverá a intentar el próximo jueves sacar adelante su primer informe de la legislatura sobre las actividades extraparlamentarias autorizadas a sus señorías, que casi ocho meses después de que se constituyera la Cámara sigue pendiente.
El pasado mes de diciembre, todo hacía pensar que la citada comisión, que preside el 'popular' Leopoldo Barreda, iba a avalar las actividades privadas de los diputados siguiendo los criterios de pasadas legislaturas. Sin embargo, el PSOE rechazó dar su visto bueno y avisó incluso de que forzaría una votación personalizada en el Pleno de la Cámara para obligar al Congreso a pronunciarse caso por caso.
Para argumentar su posición, el portavoz del PSOE en esa comisión, Luis Carlos Sahuquillo, recordó que la Ley Electoral exige "dedicación absoluta" de los diputados, no pudiendo desempeñar ninguna actividad pública o privada ni percibir retribución alguna con cargo a los presupuestos públicos, aunque permite excepciones si son autorizadas por la Cámara. Por tanto, reclamó una interpretación "radical" de ese principio, limitando al mínimo las actividades extraparlamentarias que pueden autorizarse.
Esta petición provocó que el informe no saliera adelante y que los grupos acordaran darse un tiempo para tratar de buscar una salida para los casos más controvertidos. En los últimos días el presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado se ha puesto en contacto con algunos portavoces de la misma para tratar de buscar una solución consensuada.
CONVERSACIONES PARA DESATASCAR LA SITUACIÓN
Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, existen posibilidades de aprobar finalmente el dictamen de las actividades extra de sus señorías, pero está por ver si podrá ser en la reunión prevista para este jueves o en la próxima cita.
Lo que sí se ha avanzado en las conversaciones informales que ha mantenido el presidente con los distintos grupos es en la voluntad de buscar fórmulas para ir más allá del dictamen tratando de reforzar las capacidades de intervención de la Cámara.
Aunque ésta será una cuestión que se debata en su próximo encuentro, se ha planteado la posibilidad de que los grupos parlamentarios promuevan iniciativas para reforzar el control sobre las actividades privadas de los diputados, dado que la Comisión del Estatuto del Diputado no tiene capacidad legislativa.
Mientras tanto, los miembros de este órgano han conversado sobre la posibilidad de consensuar una línea de actuación posterior por parte de la Comisión, por ejemplo haciendo un seguimiento más continuo de las actividades de los diputados, solicitándoles información con mayor frecuencia.
APROBARLO CUANTO ANTES
Pase lo que pase el jueves, en lo que hay unanimidad es en no dilatar en el tiempo la aprobación de las actividades privadas de los diputados, teniendo en cuenta que ya ha pasado casi ocho meses desde la constitución del Congreso. Tras pasar por la comisión, ese informe debe elevarse después al Pleno para su aprobación definitiva.
Al inicio de cada legislatura, todos los diputados tienen que rellenar un formulario en el que deben especificar todos los cargos públicos que ostentan, sus actividades privadas por cuenta propia o ajena, los ingresos que puedan percibir con cargo al sector público o cualquier otra tarea retribuida que realicen.
Aunque, según la ley electoral, los diputados y senadores ejercerán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, es frecuente que se permita a los parlamentarios ejercer la abogacía, impartir clases o cursos, ocupar cargos municipales y participar en sociedades.
En la legislatura de mayoría absoluta del PP se abordó esta cuestión de las compatibilidades de los diputados en el frustrado nuevo intento que hubo para reformar el Reglamento del Congreso, donde se planteó la necesidad de hacer una interpretación menos laxa de la Ley Electoral y de dotar de mayores competencias a la Comisión del Estatuto del Diputado para vigilar las actividades.
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