El Consejo de Ministros aprobará este viernes un aumento del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 12% actual al 23% con el objetivo de recaudar 8.000 millones de euros más, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Hacienda.
La intención es que la reforma ya esté en vigor en los pagos fraccionados del mes de octubre y diciembre, tal y como se comprometió el Gobierno con Bruselas para enjugar las cifras de déficit, que este año tiene que situarse en el 4,6% del PIB.
En concreto, el decreto-ley, que el Ejecutivo tiene que enviar a Bruselas antes del próximo 15 de octubre, establece un tipo mínimo que será del 23% frente al 12% actual para aquellas empresas que facturen más de 10 millones de euros anuales (unas 9.000) y que estará en vigor, como mínimo, este año y el que viene, aunque no se descarta que también se aplique en 2018 en función de la evolución del déficit.
La reforma del impuesto endurecerá especialmente el tipo a aplicar en el caso de los bancos, elevándolo hasta el 25%.
El tipo mínimo del pago fraccionado, que actúa como un adelanto de la liquidación del impuesto, se ha aplicado entre 2012 y 2015, año en el que este tipo se situó en el 12%. Con la reforma fiscal de 2015 se eliminó, pero la caída de los ingresos por Sociedades hasta junio ha llevado al Gobierno en funciones a dar marcha atrás y volverlo a establecer, en este caso incrementado.
Con esta medida, el Ejecutivo prevé ingresar 8.000 millones de euros adicionales al año para poder cumplir con el déficit, en un momento en el que los ingresos por pago fraccionado de las empresas está cayendo más del 50% como consecuencia, por un lado, de la rebaja del impuesto, que entró en vigor de forma escalonada en 2015 y 2016, y por otro lado, por la desaparición este año del tipo mínimo del 12% de los pagos fraccionados.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, presidida por el presidente del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, estudió ayer soluciones a varios asuntos urgentes de la economía española "en un contexto de nueve meses de Gobierno en funciones".
Entre otros, analizó cambios normativos, como los del Impuesto de Sociedades, para adaptar la senda de déficit público de las distintas administraciones a la nueva senda acordada con la UE y al cumplimiento de los compromisos para la reducción del déficit acordados con Bruselas.
HACIENDA BUSCA EL MÁXIMO APOYO PARA REFRENDAR EL DECRETO EN LAS CORTES
Una vez que el Gobierno dé luz verde al decreto este viernes, las Cortes deberán posteriormente refrendarlo, por lo que será necesario que el PP negocie con los demás grupos, principalmente con el PSOE y Ciudadanos, para conseguir su apoyo.
En principio ninguno de los dos grupos ha rechazado la medida, que en la práctica supone aumentar la fiscalidad de las grandes empresas, pero esperarán a la letra pequeña del decreto para confirmar si lo apoyan, algo que da por descontado el Ejecutivo, ya que se trata de una medida imprescindible para conseguir cuadrar el déficit y el principal motivo por el que España se salvó de la multa de Bruselas.
En cualquier caso, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está manteniendo contactos con los distintos grupos de la oposición para intentar conseguir el máximo apoyo posible a la reforma.
Así, según han confirmado a Europa Press distintas formaciones políticas, Hacienda tiene una línea de diálogo abierta con el PSOE y el PNV y prevé reuniones con Ciudadanos y Podemos para facilitar la aprobación de la reforma.
PATRONAL Y SINDICATOS RECHAZAN LA REFORMA
Por su parte, el vicepresidente de la CEOE y presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, criticó la reforma del Impuesto de Sociedades, al considerar que se acomete con "nocturnidad y alevosía" y porque afectará al empleo y a las inversiones.
"Nos gusta saber en qué campo de juego jugamos, queda muy bonito decir que sólo lo adelantan, pero no dudéis que la cantidad que se quiere recaudar es dinero que las empresas necesitaban para otros menesteres muy importantes que no van a poder destinar", reprobó Garamendi, quien tildó la medida de "política fiscal errónea".
En este sentido, advirtió de que la reforma del Impuesto de Sociedades "por supuesto puede afectar al empleo y la inversión", ya que "en el momento en el que no hay liquidez, cae el empleo", que es el "primer objetivo" nacional.
De su lado, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, tachó de "chapuza" la reforma del Impuesto de Sociedades y advirtió de que "con la fiscalidad no hay que hacer electoralismo".
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