En pasado mes de marzo, los internautas solicitaron al Portal de Transparencia del Ministerio de Cultura todos los estudios encargados para valorar el impacto de la copia privada y poder "intervenir con conocimiento de causa en las negociaciones y deliberaciones que se están haciendo con el canon digital", algo que, según denuncia la asociación, fue denegado.
Por ello, interpusieron un recurso de revisión contra la resolución de fecha 10 de abril de 2017 y ahora el Consejo de Transparencia ha estimado esta reclamación en una resolución, con fecha 11 de septiembre, y ha instado al departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo a remitir en un plazo máximo de diez días hábiles a remitir al presidente de la asociación, Víctor Domingo, dicha información.
"Si la industria tiene que pagar el canon digital nos lo van a meter a nosotros en la factura", ha manifestado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Asociación de Internautas. Por este motivo, ha señalado que exigen saber "cuál ha sido el impacto" y ha criticado que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no tiene en cuenta a esta asociación.
El pasado mes de julio, el Congreso de los Diputados convalidó, con el único voto en contra de Podemos, el decreto-ley que regula el canon digital, con el que el pago de la copia privada recae en los fabricantes y distribuidores de aparatos y soportes de reproducción, mientras que se exceptúa del pago a quienes justifiquen el destino profesional de estos productos.
Este texto modificó la normativa que puso en marcha el PP en 2011, que cargaba este gasto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y que fue tumbada por el Tribunal Supremo y por la Unión Europea al considerar que era ilegal e incompatible con la directiva europea existente en esta materia.
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