La vicepresidenta del Consell y titular de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha explicado este miércoles que la Generalitat tuvo que abonar un total 5.574.208,38 euros a empresas adjudicatarias de plazas residenciales de accesibilidad para personas mayores tras las sentencias que les daban la razón por las actualizaciones de precios corregidas, los intereses procesales reconocidos y la imposición de costas.
Oltra se ha expresado en estos términos en la sesión de control del pleno de las Corts Valencianes tras una pregunta de la diputada socialista Concha Andrés sobre cuáles son los importes de los derechos económicos reconocidos en la sentencias estimatorias de recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por la Conselleria de Bienestar Social por la aprobación de la revisión de precios del contrato administrativo especial de creación y puesta a disposición de plazas residenciales para mayores de la Comunitat Valenciana.
En concreto, le ha inquirido por los importes reconocidos a cada una de las empresas adjudicatarias por las actualizaciones de precios corregidas, los intereses procesales reconocidos en cada empresa y la imposición de costas causadas en estos expedientes a la Generalitat.
Andrés ha explicado que este tema parte del concurso para la adjudicación de 9.000 plazas de residencias para personas mayores, puesto que una cláusula establecía que las revisiones de precios se realizarían desde el año 2004. Sin embargo, "en un momento determinado, los más espabilados e informados, los centros residenciales Savia, vinculados a la familia Cotino", reclamaron que la actualización de precios se hiciera desde 2001.
Según la parlamentaria del PSPV, Savia logró una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia que estimó su recurso, mientras que la Generalitat no recurrió. Por tanto, "se fueron sumando otras empresas adjudicatarias, consolidando una serie de derechos y se fue aumentando el precio de las plazas de residencias", ha manifestado.
La vicepresidenta, por su parte, le ha respondido que se han tenido que abonar un total 5.574.208,38 euros --en concepto de principal e intereses-- de los que 82.922,27 corresponden a las costas. Por tanto, "más de 5,5 millones que hemos tenido que pagar primero porque se hizo mal el pliego, y empiezo a pesar que no se hizo mal de manera inocente", y también por la no presenta un recurso ante el Supremo.
En concreto, según Mónica Oltra, se han abonado 803.872,45 euros a Geroresidencias; 51.261,95 euros a Servicios Socioasanitarios; 3.507.146,63 euros a Sacova; y 1.011.927,35 euros a Geroresidencias Solimar. Además, se han pagado intereses procesales por un total de 70.307,41 euros, de los cuales 14.271,13 corresponden a Solimar y 56.036,28 a Sacova.
"Ésta es la historia de una de esas traiciones o saqueos del antiguo Gobierno, desviando dinero de todos. Dinero que tenía que ir al bienestar de las personas y ha ido al interés de determinadas empresas con fuertes vinculaciones a la Generalitat de entonces", ha resaltado la consellera.
En este sentido, ha añadido que el dinero que se ha abonado a estas empresas "se podía haber dedicado a políticas sociales, a hacer centros del día, a poner al día el tapón que nos dejó el PP en dependencia, a la renta garantizada de ciudadanía", pero "se ha dedicado a pagar a empresas amigas del PP por el mal gobierno y el gobierno de saqueo y corrupto que se instaló en la Comunitat".
ASOCIACIONES DE ALZHEIMER
Por otra parte, la diputada del PP Blanca Garrigues le ha preguntado cuándo se va a proceder al pago de las subvenciones debidas a las asociaciones de enfermos de Alzheimer.
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha avanzado que la Dirección General de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia ha solicitado a la Tesorería de la Generalitat priorizar el pago de las subvenciones a estas asociaciones, y ha indicado que "muy probablemente" se abonarán a finales de este mes de marzo.
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