Esta tanda de comparecencias, que en principio sería la última, estaba fijada en principio para este pasado miércoles, aunque fue aplazada a este viernes a cuenta de las obligaciones en Madrid de Juan Ignacio Zoido, actual portavoz municipal del PP, como diputado del Grupo popular en el Congreso.
José Antonio Viera, recordémoslo, está imputado por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla pero a cuenta de su supuesto papel en la presunta administración fraudulenta de la partida 31L de los fondos andaluces, es decir la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE); toda vez que el expresidente del PP de Sevilla José Luis Sanz ostenta desde 2007 la Alcaldía de Tomares, Sánchez Monteseirín abandonó la esfera municipal tras las elecciones municipales de 2011 y Zoido continúa en el Ayuntamiento como portavoz del PP.
Sobre la mesa, una vez más, la presunta red de dádivas y sobornos con los que, siempre supuestamente, habrían obtenido Fitonovo y su grupo de empresas diferentes contratos públicos o trato de favor a la hora de la ejecución de los mismos.
EL CASO FITONOVO
La investigación judicial inicialmente bautizada como Madeja, al pasar a la fase de la operación Enredadera, supuso la detención de 32 personas en 13 provincias de España, con la imputación del ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA); el entonces concejal de IU-CA José Manuel García; el exedil del PSOE Manuel Gómez Lobo; el antiguo asesor de IU-CA Antonio Miguel Ruiz Carmona; el exconcejal del PP Joaquín Peña; el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño; el exjefe del servicio de Parques y Jardines Francisco Amores; el jefe de mantenimiento del Parque María Luisa Francisco Luis Huertas; el funcionario de la Diputación Carlos Podio; el también funcionario de la Diputación Francisco Javier Heredero; el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver; y diferentes directivos y empleados de Fitonovo.
Aunque la investigación arrancó desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, entonces comandado por Mercedes Alaya, la Audiencia Nacional asumió finalmente el caso al abarcar las diligencias diferentes provincias.
Y dado que la investigación judicial comenzó precisamente por los contratos adjudicados por el Ayuntamiento hispalense a Fitonovo, el pleno del Consistorio acordó en septiembre crear una comisión de investigación sobre los contratos adjudicados por el Consistorio a esta empresa y su grupo, compareciendo en la misma numerosos cargos políticos y funcionarios no imputados, toda vez que la gran mayoría de los funcionarios y cargos políticos investigados en la causa que sigue la Audiencia Nacional han optado por no comparecer.
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