La jueza de Cooperación investiga a Blasco y Tauroni en la pieza de contratos por presunta malversación y prevaricación

  • El juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, encargado de instruir la pieza quinta del caso Cooperación relativa a supuestos amaños en contratos informáticos, investiga al exconseller de Solidaridad Rafael Blasco y al empresario Augusto César Tauroni --ambos encarcelados--, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y apropiación indebida a través de la contratación irregular de servicios en la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía --actual Conselleria de Igualdad-- entre 2008 y 2011.
La jueza de Cooperación investiga a Blasco y Tauroni en la pieza de contratos por presunta malversación y prevaricación
La jueza de Cooperación investiga a Blasco y Tauroni en la pieza de contratos por presunta malversación y prevaricación
EUROPA PRESS
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Así consta en un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el que la jueza incluye en esta pieza, junto a Blasco y Tauroni, a la exsecretaria general de la Conselleria, Agustina Sanjuán, y al jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares. También figuran como investigados Javier Murcia, Luis Mira y Juan Bautista.

La investigación se centra en los años 2008, 2009, 2010 y 2011 y consiste en el presunto amaño de contratos informáticos, adjudicados desde la Administración valenciana a Fujitsu y a otras dos empresas, que terminaron siendo subcontratos a las sociedades de Tauroni.

En la misma resolución, la jueza requiere documentación a la actual Conselleria de Igualdad y diferentes ONGs y empresas. El departamento autonómico que dirige Mónica Oltra deberá informar al juzgado sobre la identidad de los trabajadores que llevaron a cabo los proyectos informáticos contratados en seis expedientes durante ese periodo.

La magistrada también requiere a la Conselleria que informe si en el último trimestre de 2011 se tramitó algún expediente de contratación de servicios informáticos por compra centralizada o de patrimonio, en el proyecto 'El portal del inmigrante 2.0'. De ser así, le insta a remitir el expediente.

Por otro lado, a la extinta Fundación Ceimgra y a la firma Indra la jueza pide información sobre los contratos informáticos suscritos con Dinamiz-e, así como que identifique las personas que los gestionaron. A la mercantil Ceteck le insta a informar si prestó servicio para la Conselleria de Solidaridad en 2011.

La titular del juzgado ha citado a las partes que deseen personarse y traslada la resolución al Ministerio Fiscal para que en un plazo de cinco días se pronuncie sobre la complejidad de la causa.

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