Corte acepta trámite para desaforar a magistrado guatemalteco

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) aceptó este viernes tramitar el levantamiento de la inmunidad a un magistrado de ese organismo acusado de apoyar un polémico contrato de usufructo con una empresa española, informó una fuente oficial.

El vocero de la Corte, Ángel Pineda, dijo en rueda de prensa que los magistrados aceptaron en una sesión extraordinaria dar trámite al expediente contra su compañero Douglas Charchal, el cual será remitido en los próximos días al Congreso para que designe a una comisión pesquisidora que determinará si incurrió en algún ilícito.

El dictamen de tal comisión será remitido al pleno del Congreso donde se necesita el apoyo de 105 de los 148 diputados para que el magistrado quede desaforado.

Charchal fue denunciado el pasado 15 de abril por la Fiscalía General de favorecer con resoluciones judiciales la firma del contrato entre la firma española Terminal de Contenedores Barcelona y la Empresa Portuaria Quetzal, ubicada sobre el Pacífico (sur).

Según la investigación de la Fiscalía, el magistrado incurrió en tráfico de influencias para beneficiar a la empresa española, que trabaja en Guatemala bajo el nombre de Terminal de Contenedores Quetzal.

El jueves en la noche, el presidente Jimmy Morales giró instrucciones a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para buscar la nulidad de la adjudicación del polémico contrato firmado en 2012.

La investigación indica que la firma del contrato de usufructo por 25 años prorrogables fue fraudulenta y que la empresa española pagó sobornos por 30 millones de dólares.

Las pesquisas de la Fiscalía determinaron que el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión, también facilitaron la firma del contrato.

Pérez y Baldetti están en prisión por otro caso de corrupción, acusados de supuestamente encabezar una red de defraudación fiscal en aduanas.

El contrato con la firma española se firmó el 4 de abril de 2012 en medio de señalamientos de irregularidades.

El jueves el exgobernante en su primera declaración negó ante un juez haber recibido sobornos para la adjudicación del usufructo portuario y lo defendió al indicar que era para desarrollar al país.