En una nota, la Cumbre Social advierte de que sin cambios en la política fiscal y en la política de rentas "no será posible entrar en una fase de crecimiento intenso y sostenido", y demanda una mayor cohesión económica y social.
Por ello, reclama "más empleo estable y con más derechos, con mayor negociación colectiva y una recuperación del poder adquisitivo de los salarios, mayor protección al desempleo, un buen sistema público de pensiones, y la mejora de los servicios y prestaciones públicas".
La Cumbre apuesta por el incremento de la inversión pública, y el impulso de la política industrial mediante el cambio de modelo productivo, lo que a su juicio son "objetivos incompatibles con las reformas laborales de los últimos gobiernos", especialmente con la aprobada en 2012, orientadas, a su parecer, "a precarizar el empleo, devaluar los salarios y la negociación colectiva y abaratar
el despido".
Por otro lado, denuncia la decisión del Gobierno de "criminalizar la respuesta laboral y social", y pide la retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que ha provocado el procesamiento y/o sanción administrativa de cerca de 300 sindicalistas, "además de limitar, cuando no impedir el ejercicio del derecho de huelga".
Igualmente, la Cumbre también solicita la retirada del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión entre la UE y Estados Unidos, al ser "una amenaza a los derechos económicos, sociales y laborales; y la retirada del acuerdo entre la UE y Turquía sobre refugiados, "un verdadero atentado a los derechos humanos y la quiebra de la tradición humanista y solidaria en el viejo continente".
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