EL 34% DE LAS QUEJAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO FINALIZARON CON UNA CORRECCIÓN DE LAS DECISIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El 33,8% de las quejas formuladas al Defensor del Pueblo y admitidas a trámite durante 2016 en materia de Seguridad Social acabaron con una corrección total o parcial de las decisiones adoptadas por este organismo, según el Informe Anual del Defensor del Pueblo publicado este martes.
En el informe se pone de manifiesto que cerca del 38% de las quejas formuladas a esta institución fueron admitidas a trámite, mientras que el “alto” porcentaje de aquellas a las que no se les dio curso se explica en gran medida porque no se acreditó una actuación irregular por parte de la Seguridad Social.
El 55,6% de las quejas admitidas a trámite concluyeron acreditando la correcta actuación de la Administración, y en el 33,8% de los casos se apreció una actuación incorrecta que fue corregida de manera total o parcial.
Del conjunto de actuaciones tramitadas en 2016 en el ámbito de la Seguridad Social, más del 75% están vinculadas con las prestaciones, mientras las cuestiones relativas a cotización y recaudación y a la seguridad social internacional superan el 10% y el 5%, respectivamente.
El Defensor del Pueblo destaca que los tiempos medios de respuesta son “adecuados” y el volumen de requerimientos a la Seguridad Social está “entre los más bajos del conjunto de las administraciones”.
Como consecuencia de las quejas, el Defensor del Pueblo ha formulado 16 recomendaciones, tres sugerencias y tres recordatorios de deberes legales.
Por otra parte, en el documento la institución hace mención a la situación de demora en la tramitación de prestaciones que ha registrado durante un tiempo el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
En este sentido, constata que en 2016 continuó disminuyendo el número de quejas referidas a este retraso, tras aplicar un plan de choque en 2014 y “una vez superada la fase de destrucción de empleo durante los peores años de la crisis”. Así, concluye que el Fogasa “ha normalizado su funcionamiento”.
En relación con el empleo, la institución considera “imprescindible” que las administraciones estatal, autonómica y local mantengan las políticas activas de empleo.
Asimismo, puntualiza que la inversión que se destine, así como las medidas y programas que se apliquen, requieren de un estudio previo en el que se evalúen los efectos y los resultados que pueden conseguir.