CONDE-PUMPIDO DEFIENDE LA INSTRUCCIÓN DE LOS FISCALES COMO REMEDIO A LOS GRANDES MALES DE LA JUSTICIA

El magistrado del Tribunal Supremo y ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido defendió hoy la instrucción de los fiscales como remedio a los grandes males de la Justicia española: el retraso de las causas, la “privatización” de la justicia penal con la acusación particular y la judicialización de la política, en particular los aforamientos.
Conde-Pumpido emitió este diagnóstico en un desayuno informativo, en el que dictaminó que la instrucción en manos de jueces, única en el mundo, provoca la mayor parte de los retrasos judiciales, al tener a 1.500 jueces dedicados a instruir, cuando deberían limitarse a juzgar y garantizar los derechos fundamentales de los acusados.
Por eso, confía en que en esta legislatura, por fin, se “supere la pereza y la rutina”, y se deje atrás una ley procesal penal que data del siglo XIX, porque el ministro de Justicia, Rafael Catalá, “va a tener la valentía de afrontarlo y va a contar con el apoyo del PSOE”.
Precisamente, la diputada socialista, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso y exmagistrada también del Tribunal Supremo Margarita Robles, que asistió al desayuno, comentó en el coloquio que, para dar la instrucción a los fiscales, algo en lo que se declaró de acuerdo, primero habría que modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal, que jerárquicamente depende del Gobierno, para garantizar la autonomía judicial.
Conde-Pumpido coincidió en este particular, pero replicó a Robles que “ése es el argumento del sector corporativo (de los jueces) que no quieren perder el poder de la instrucción” y que en todos los países del mundo instruyen los fiscales y no se plantea este problema.
Desde su experiencia, el interviniente aseguró que los fiscales generales del Estado son independientes del Gobierno, pues hay criterios diferentes con el ministro de Justicia y son nombrados para una legislatura y no se les puede renovar.
Además, subrayó que a la supuesta dependencia de los fiscales apelan también asociaciones como Manos Limpias que “utilizan los procesos penales como coacción” y “viven de esto y necesitan cuestionar la labor del fiscal para justificar su propia intervención”. La “privatización” de la justicia penal en manos de las acusaciones particulares es, a su juicio, otro de los grandes problemas de la justicia española.
El tercer gran problema que enumeró Conde-Pumpido fue la judicialización de la política, dentro de la cual se refirió a los aforamientos, también excepcionales en España respecto al contexto europeo.
Desde su punto de vista, habría que reducirlos pero, sobre todo, hacerlos innecesarios impidiendo las querellas contencioso administrativas contra sentencias del Tribunal Supremo, las de partidos políticos contra otros partidos o las de cualquier individuo o asociación contra políticos. Temas frente a los que, interpretó, “la reacción del sistema ha sido blindarse e ir extendiendo los aforamientos”. Él, concluyó, sólo mantendría los que están recogidos en la Constitución.