DEPENDENCIA. EL DEFENSOR DEL PUEBLO CONSTATA QUE SIGUEN MURIENDO PERSONAS SIN QUE SE RESUELVA SU SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

El informe relativo a 2015 elaborado por la Oficina del Defensor del Pueblo constata que sigue habiendo personas que fallecen antes de que se les reconozca su situación de dependencia o antes de que se resolviera su Plan Individualizado de Atención (PIA).
El trabajo, presentado este jueves por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en el Congreso y en el Senado, indica que “además de las demoras en el procedimiento de valoración de la situación de dependencia y en la elaboración de los PIA, en Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, numerosos expedientes quedaron paralizados, sin causa imputable a la parte interesada”.
Y esto, prosigue, “aunque ya se hubiera formulado la propuesta de PIA y esta hubiera sido aceptada por la persona beneficiaria”, lo que ha dado lugar a que, “en ocasiones”, el solicitante falleciese antes del reconocimiento de su derecho o antes de la resolución sobre su programa individual de atención.
En estos casos, detalla el texto, se archiva el expediente sin dictar la correspondiente resolución, “por lo que la comunidad hereditaria de la persona fallecida sigue esperando la resolución de la solicitud”.
PREVISIÓN INSUFICIENTE
Por lo que se refiere a la financiación del Sistema de Dependencia por parte del Estado, el Defensor ha constatado que desde el ejercicio 2009 la consignación inicial en las leyes generales de presupuestos del Estado para sufragar el nivel mínimo de protección ha tenido que suplementarse todos los años, “por resultar insuficiente la previsión inicial”.
“A la vista del presupuesto consignado en el proyecto de ley para el año 2016”, se recomendó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que tome las medidas necesarias para ajustar anualmente las previsiones presupuestarias al gasto preciso para sufragar el nivel mínimo de protección, añade el documento en este sentido.
El último informe del Defensor del Pueblo indica igualmente que se han dirigido recordatorios sobre el deber legal de resolver las solicitudes formuladas y los recursos interpuestos de forma expresa y en los plazos previstos a las consejerías y departamentos competentes de las administraciones autonómicas de Andalucía, Canarias, Castilla–La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, así como a los ayuntamientos de Barcelona y Alcázar de San Juan (Ciudad Real), entre otros.
Observa también este trabajo, especialmente en Andalucía, Aragón, Cataluña y en la Comunidad de Madrid, el incumplimiento de los plazos previstos en el artículo 17 del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, en los casos de traslado del beneficiario entre comunidades autónomas o las ciudades de Ceuta y de Melilla “y, en ocasiones, una interrupción injustificada de la acción protectora”.
Unido a esto, el documento presentado este jueves agrega que la situación “es aún más difícil” en los supuestos de cambios temporales de residencia, habitual en personas en situación de dependencia que alternan la convivencia con hijos o familiares residentes en distintas comunidades autónomas.
Esto ha motivado que la institución efectúe una recomendación al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para que proponga al Consejo Territorial de Dependencia la adopción de medidas que permitan asegurar la continuidad de la acción protectora del Sistema de Dependencia, y el mantenimiento de la atención a las personas en situación de dependencia en los supuestos de traslados temporales y desplazamientos entre comunidades o ciudades autónomas.
La recomendación, dice el Defensor del Pueblo, se ha aceptado y se está realizando un seguimiento hasta conocer las medidas finalmente adoptadas.
Por otra parte, el informe sostiene que a 1 de julio de 2015 no se había incorporado al sistema a los beneficiarios considerados con dependencia moderada, como fija la ley, y que en lo referido al acceso a las prestaciones reconocidas, uno de los motivos más invocado por los ciudadanos en sus quejas es el retraso en el abono de las prestaciones económicas.