Dávila señala que quienes quisieron garantizar la moratoria del territorio en Canarias "han fallado"

Dávila ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras ser cuestionada por las indemnizaciones que solicitan los empresarios por sentencias ya dictadas y que ascendería a unos 1.000 millones de euros.

En este sentido, la consejera ha subrayado que las sentencias sobre la moratoria "no indican expresamente que los demandantes tengan derecho a recibir las compensaciones millonarias", sino que al haber sido la tramitación de estos expedientes "objeto de silencio administrativo, por lo tanto, hay que retrotraer --los expedientes-- y hacer una valoración donde este Gobierno de Canarias tendrá que actuar de oficio en la recalificación de los suelos y si procede entonces --compensar-- a los promotores".

De todos modos, insistió en que el actual Gobierno de Canarias "va a pelear por la defensa del interés público" porque, añadió, que la indemnización que se estima "pondría en riesgo los servicios públicos esenciales y el erario de la comunidad autónoma".

Así, Dávila incidió en que esta situación "viene a dar la razón sobre los riesgos que se derivan de la maraña administrativa en la normativa vigente actual de Ordenación del Territorio y la inseguridad jurídica que genera", por lo que subrayó que se trata de un modelo que "se ha demostrado fallido".

Añadió que el actual modelo de Ordenación del Territorio "ha llevado a litigios que no generan seguridad jurídica", así como el que 35 municipios "ni si quieran hayan iniciado la adaptación al planeamiento desde el año 2000". Por ello, subrayó que el actual Gobierno canario busca "desentrañar toda esta maraña administrativa, dar seguridad jurídica, sin consumir nuevo suelo ni deteriorar el territorio".

PIDE A RIVERO "COHERENCIA" CON LO QUE FIRMA

Cuestionada por Paulino Rivero (CC), que ha firmado un manifiesto en contra de la nueva Ley del Suelo que el actual Gobierno de Canarias promueve, Dávila dijo que lo que se pretende con la nueva normativa "es dar seguridad jurídica, eliminar tres leyes por una, que se puedan producir las inversiones donde esté el suelo calificado sin necesidad de consumir más y preservar a la comunidad del desembolso de estas cantidades".

Así consideró que la postura de Rivero es una "cuestión más personal" donde no cree que se trata de lealtad o deslealtad con el gobierno regional. "Es una cuestión de coherencia con lo que se firma y después ocurre", concluyó.