Esta causa, que se inició por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, está abierto por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Se investigan las supuestas irregularidades cometidas por el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps; la exconsellera de Turismo, Cultura y Deporte Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez 'Aspar' en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró en Valencia.
En un auto fechado el 2 de noviembre, la jueza considera que las nuevas diligencias solicitadas por el fiscal aconsejan que no sean conocidas por las partes para evitar perjudicar a la investigación en curso. Por ello, decreta el secreto de las actuaciones por tiempo no superior a un mes, según ha podido saber Europa Press.
La resolución de la instructora se produce después de que el ministerio público solicitara nuevas diligencias de investigación que considera imprescindibles con el fin de obtener más documentación relevante, como facturas e información contable, para el esclarecimiento de los hechos que se investigan sobre los premios de Fórmula 1 celebrados en el circuito urbano de Valencia entre los años 2007 y 2012.
El juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ordenó investigar la compra de Valmor, la empresa encargada de la organización de la Fórmula 1 en Valencia, por parte de Generalitat y pidió a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) que estudie posibles contrataciones irregulares.
En este juzgado recayó la causa tras perder el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la competencia al quedarse el procedimiento sin personas aforadas porque el expresidente Camps perdió esa condición.
La querella de Fiscalía Anticorrupción que dio origen a esta causa se centró en cuatro aspectos fundamentales, entre ellos, el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos y la orden para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011.
Los otros dos son, según la querella, la orden que Camps dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".
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