La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha trasladado a la Fiscalía General del Estado la "actitud entorpecedora" de 19 ayuntamientos de toda España y del Colegio de Abogados de Guipúzcoa: "Detrás de cada queja hay una persona que tiene derechos y que debe obtener una respuesta".
Esta institución considera "administración entorpecedora" a aquella que no responde tras haberle enviado requerimientos hasta en tres ocasiones y recuerda que todas las administraciones tienen la obligación de responder y remitirle la información solicitada.
En caso de no colaborar, la Defensora puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, según establece el artículo 24 del Capítulo VI de la Ley Orgánica 3/81, que regula la Institución, tal y como ha hecho ahora con estas administraciones y el Colegio de Abogados de Guipúzcoa.
Así, ha trasladado el caso del Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) por no responder a un ciudadano en 404 días; el de Vejer de la Frontera (Cádiz) por la ausencia de respuesta en 342 días sobre el acceso de animales a espacios públicos, y el de Mojácar (Almería) por no modificar días las condiciones de contratación de los apartados postales solicitada por el Defensor hace en 212 días.
Se incluyen también en este listado de administraciones "entorpecedoras" el Ayuntamiento de Barbastro (Huesca), que no ha respondido ante un desacuerdo relativo con un expediente sancionador de tráfico (392 días); el de Cudillero (Asturias) por no restablecer el suministro de agua a una finca (502 días); el de Gozón (Asturias) que no ha contestado sobre la implantación de una zona de estacionamiento regulado en 370 días.
En Salas (Asturias), el quejoso pone de manifiesto que el ayuntamiento no ha recuperado parte de una vía pública que ha ocupado un particular (198 días). El consistorio de La Hermigua (Santa Cruz de Tenerife) tampoco ha contestado a las denuncias de unos asuntos urbanísticos (343 días).
El Ayuntamiento de Noblejas (Toledo) ha enviado una información al Defensor que no concuerda con lo manifestado por el reclamante (198 días), mientras que el de Talavera de la Reina (Toledo) no responde a un recurso contra liquidación de un impuesto (212 días).
El de Carboneras de Guadazaón (Cuenca) tampoco ha dado la cara ante las quejas de ciudadanos por las molestias ocasionadas por ruidos y olores de animales (471 días) y Matallana de Torío (León) no ha resuelto una reclamación contra la calificación de parcelas como urbanas y la repercusión en el IVI (212 días).
El Consistorio de Reus (Tarragona) no ha notificado la retirada de vehículo de vía pública en 370 días; Arganda del Rey (Madrid) no ha respondido a un ciudadano que solicita información sobre la tasa de alcantarillado (239 días), o Colmenar de Oreja (Madrid) que en 315 días no ha contestado sobre la solicitud de licencia a una clínica veterinaria.
Gilet (Valencia) no ha contestado ni reparado los daños ocasionados en una fachada al colocar una señal de tráfico (525 días), mientras que Zalamea de la Serena (Badajoz) continúa sin atender un problema de contratación pública (308 días).
Gondomar (Pontevedra) no ha contestado a un ciudadanos en que está en desacuerdo con una multa de tráfico (463 días) o Porto do Son (A Coruña) que tampoco ha dado una respuesta por la contaminación de un manantial por aguas residuales en 229 días.
En cuanto al Colegio de Abogados de Guipúzcoa, la Defensora del Pueblo califica a esta entidad de "entorpecedora" porque lleva 187 días sin contestar a la Institución por la queja presentada por un ciudadano tras la actuación del abogado de oficio asignado por este colegio.
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