"Es interesante tener un encuentro junto con el ACNUR y una sesión de trabajo a comienzos del mes de octubre en la institución invitando a personas, organismos y entidades que conocen esta materia, que tratan los problemas de los refugiados y escucharles, discutir esos problemas y luego elevar a las administraciones, que puede ser la Administración General del Estado, las comunidades autónomas o los grandes municipios; las resoluciones que pidamos", explica Becerril en declaraciones a Europa Press.
La Defensora incide en que este es "un tema muy importante para España y para Europa y dramático para millones de personas" que se requiere una respuesta común, tanto a nivel conjunto de los distintos Estados como dentro de España entre todos los agentes que intervienen en la acogida e integración de los refugiados.
"Queremos ver cómo se puede hacer mejor, y eso es agilizar los trámites de las llegadas pero no sólo, también analizar luego una vez aquí sus destinos y mejorar las condiciones de su día a día y su vida cotidiana procurando la integración educativa, social y laboral. Son muchos aspectos a tener en cuenta", informa la Defensora.
En su opinión, la respuesta de España "ha mejorado pero todavía no es suficiente" y si bien "hay que reconocer el esfuerzo de la Administración y la buena disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos" el problema es "de tal dimensión y es tal el número de personas que huyen por persecución, amenazas e inseguridad, que hay no sólo que mantener los esfuerzos sino mejorar la capacidad para actuar y para acoger a más personas".
Para la representante en España del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Francesca Friz-Prguda, el encuentro es especialmente relevante porque permitirá a instituciones y entidades estudiar "cómo construir un modelo que funcione".
En declaraciones a Europa Press, ha afirmado que la clave está en conseguir "crear un puente" entre las competencias estatales en materia de asilo y refugio, la obligación de España de cumplir sus compromisos con la Unión Europea "y las ofertas solidarias que han hecho a nivel autonómico y municipal otras administraciones".
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