Según indican desde el departamento que dirige Concepción Dancausa, este convenio se impugnará por la vía contencioso-administrativo por vulnerar el artículo 51.3 de la citada ley orgánica, donde sólo se autoriza la actuación de una policía local en otro término municipal "en caso de emergencia y por previo requerimiento de las autoridades competentes".
Recuerda, además, que en la Junta Local de Seguridad de Rivas-Vaciamadrid del pasado 27 de febrero, el representante de la Delegación y la Guardia Civil, "emplazaron a no firmar el convenio al no ajustarse a la legalidad".
A pesar de ello, el convenio fue ratificado por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura, el pasado 5 de abril.
Además, Delegación del Gobierno considera que el convenio tampoco se ajusta a la legislación autonómica, en concreto el artículo 27 de la Ley 4/1992, que establece la misma limitación territorial en la actuación de las policías locales.
Tras esta rúbrica del acuerdo, la Delegación del Gobierno con el informe de la Abogacía del Estado va a proceder a la impugnación del convenio firmado entre los dos municipios, ya que no se ajusta a la legalidad, tal y como recoge un informe del Ministerio del Interior.
El alcalde de Rivas explicó que la posibilidad de facultar a ambos cuerpos a intervenir fuera de su ámbito municipal tenía como objetivo ser "más eficaces en las intervenciones que se hagan en la Cañada Real" o en las actuaciones relacionadas con vertidos ilegales.
"Ese protocolo hará que las dos policías puedan intervenir, aunque no sea su territorio, y que la disciplina sea común para ser más eficaces en las intervenciones que se hagan en la Cañada", expuso el primer edil ripense tras una reunión con Carmena.
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