En dicho documento, considerado como la guía que definirá la actuación de la Fiscalía durante la administración Trump, Sessions ordena a los 94 fiscales de distrito de Estados Unidos que, en el caso de que un acusado esté señalado por varios delitos, persigan una condena por el más grave de todos.
"Esta nueva política empleará las herramientas que el Congreso nos ha otorgado para perseguir, por definición, las ofensas más graves y que conllevan pena mínima obligatoria", según el documento.
Por contra, el documento interno de actuación emitido por Holder en 2013 recomendaba a los fiscales que ignoraran ciertos cargos por narcotráfico siempre y cuando se demostrara que sus responsables no tuvieran antecedentes violentos ni participaban en una organización criminal a gran escala.
La consecuencia más inmediata de las nuevas guías políticas de Sessions será un aumento de la población carcelaria, algo que ya anticipó Sessions en febrero al declarar que las prisiones privadas podrán volver a alojar a presos por delitos federales, una característica anulada también durante la administración Obama, dado el descenso del número de encarcelados durante su mandato.
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