Destituyen al director de la prisión de Manaos en la que murieron 54 presos por un presunto caso de soborno

EUROPA PRESS
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La sanción, por el momento de tipo administrativo, se ha anunciado después de que saliera a la luz cierta información que apunta a que semanas antes de la reyerta, dos presos habían denunciado ante la Justicia que los directores del centro recibían dinero de organizaciones criminales para permitir la entrada de armas, drogas y teléfonos móviles, según ha informado Agencia Brasil.

Según el departamento de Comunicación del estado, Silva permanecerá apartado de su cargo hasta que los hechos se esclarezcan en la investigación. De ser confirmadas las denuncias, podrá ser procesado ante la Justicia.

Unos veinte días antes de la reyerta los reclusos Alcinei Gomes da Silveira y Gezildo Nunes da Silva entregaron sendas cartas escritas a mano a la Defensoría en la que aseguraban que habían recibido amenazas de muerte y que temían por sus vidas dado que varios presos ligados a organizaciones criminales que sobornaban a los directores tenían acceso a armas.

"(Los directores) son corruptos y reciben dinero para facilitar la entrada de drogas y teléfonos móviles y (facilitando también) la última fuga del COMPAJ", escribió uno de ellos.

El COMPAJ fue escenario de una reyerta, que comenzó a última hora del pasado 1 de enero y se extendió al lunes 2 de enero, con enfrentamientos entre miembros de la Familia del Norte y el Primer Comando de la Capital, dos facciones rivales, y acabó con 56 muertos y más de 100 fugados.

El mismo día, en la unidad penitenciaria de Puraquenarase hallaron cuatro presos muertos, elevando el balance de muertos a 60.

El ministro regional ha reclamado medidas al Gobierno federal porque se trata de una crisis "a nivel nacional", recordando otros altercados recientes en prisiones de todo el país. "Debemos enfrentar juntos esta situación", ha sostenido.

Tan sólo cinco días después del incidente de Manaos, otro motín carcelario en la Penitenciaria Agrícola de Monte Cristo en Roraima dejó una treintena de muertos.

También el secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), Ernesto Samper, ha hecho un llamamiento para que el Gobierno de Brasil lleve a cabo algún tipo de reforma penitenciaria para evitar que este tipo de sucesos se repitan.

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