La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, compareció hoy ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre el presunto fraude en la formación y aprovechó para reprochar al Gobierno central que no paralizara los cursos de formación después de que la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, detectara las "deficiencias", al igual que hiciera el Tribunal de Cuentas.
Díaz aseguró que su presencia en la comisión sobre los cursos de formación debía a una obligación política y moral, ya que destacó "yo no estaba en la Junta de Andalucía ni era presidenta".
Su declaración se basó en buena parte en que cuando tuvo lugar el presunto fraude y cuando accedió al cargo no existían convocatorias de formación -el periodo judicialmente investigado va de 2002 a 2011-, por tanto, todo es una maniobra de la oposición para “instrumentalizar” el caso en su contra.
Consideró un "honor" acudir a esta comisión, argumentando que más allá del artículo 502 del Código Penal, "todos tenemos una obligación política y moral de venir a la sede de este Parlamento cuando a uno lo llaman", habiendo pasado por esta Cámara "miles de andaluces" durante los 30 años de democracia.
"Ninguno de ellos se ha negado a su comparecencia, sino al contrario, la ha considerado un honor", afirmó Díaz, quien insistió en la necesidad de respetar la soberanía de Andalucía y dijo no entender "otra conducta de otro tipo, ni esconderme detrás de ningún informe de ningún órgano de este país", en referencia a la incomparecencia en esta comisión de la ministra Báñez.
La jefa del Gobierno andaluz lamentó que la ministra del ramo no acudiera a la comisión de investigación del Parlamento andaluz pues hubiera sido "fantástico" que hubiera explicado a los andaluces estos extremos relacionados con la normativa estatal.Ayudas a la formación
Susana Díaz informó en otro momento de su comparecencia de que de los 90 millones que el Gobierno andaluz ha reclamado en firme por ayudas a la formación, "un millón ya se ha abonado en voluntaria y dos millones en ejecutiva en el mes de marzo", por lo que entiende que ya en el mes de mayo las cantidades serán mayores.
Más concretamente, Susana Díaz afirmó que decidió mantener la paralización de las ayudas a la formación para tener la certeza de "si el procedimiento ha podido tener alguna fuga" y que gracias a eso no ocurre lo que le pasó a Báñez quien, como relató, intentó impedir pagos al exconsejero y empresario Ángel Ojeda.
Díaz explicó que Báñez pidió informes a los servicios jurídicos del Ministerio de Empleo "para evitar conceder subvenciones a ese señor, y le dijeron que no podía impedirlo porque la gestión de lo público no cabe la discrecionalidad".
Si esto lo hubiera hecho el Gobierno andaluz "no me imagino lo que hubiera tenido que escuchar y hasta donde hubiéramos llegado", dijo.
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