La moción del Grupo socialista, no exenta de contienda política con reproches entre los grupos, por ejemplo por la iniciativa del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con el apoyo del PP, para reformar el artículo 35 de la Constitución Española de modo que el pago de los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública gozase de "prioridad absoluta", defiende sobre todo el papel del plan Supera que promueve la Diputación provincial sevillana.
El denominado plan Supera, recordémoslo, nació para reconducir los excedentes económicos de las liquidaciones de los ejercicios presupuestarios 2012 y 2013 de la Diputación, con 39,3 millones de euros y más de 25 millones, respectivamente. La Diputación acordó el gasto de los citados 39,3 millones de 2012 en actuaciones propuestas por los ayuntamientos, mientras los 25 millones de 2013 fueron destinados a mejoras en el patrimonio propio de la Diputación, como es el caso de las carreteras secundarias o la adquisición de equipamientos para los municipios.
Dado que la liquidación del ejercicio presupuestario 2014 arrojó un excedente económico de unos 30 millones, la institución decidió destinar de nuevo este fondo a actuaciones propuestas por los municipios y tramitadas por los mismos.
Y como la institución provincial cerró el ejercicio presupuestario 2015 con unos excedentes por valor de 41,5 millones de euros, esta nueva edición del programa, en concreto, se divide entre 30 millones canalizados otra vez a través de los ayuntamientos, mediante obras y actuaciones decididos por los mismos, mientras cuatro millones son dirigidos a actuaciones exclusivamente centradas en reparaciones y restauraciones de infraestructuras deportivas municipales y los restantes 7,5 millones de euros son destinados a "inversiones provinciales".
Pero de cara a una quinta edición de este programa, según la moción del PSOE, "hasta la fecha no contamos con Ley de Presupuestos Generales del Estado" PGE para 2017, demandando "que se incluya el soporte jurídico que permita la continuidad de estos programas y no provocar una pérdida de inversión y un excedente de tesorería".
Por eso, esta moción aprobada por unanimidad reclama al Gobierno central que los PGE de 207 prorroguen la disposición adicional que actualmente permite aplicar el superávit de las administraciones en inversiones declaradas como financieramente sostenibles, así como reclamar "que puedan considerarse inversiones financieramente sostenibles los programas presupuestarios del ámbito competencial de las entidades locales".
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