"Reafirmamos nuestros llamamientos previos para su liberación. Creemos que nadie debería ser juzgado o encarcelado por ejercer sus Derechos Humanos o libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión y de asamblea pacífica", ha dicho la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
"Creemos en sociedades fortalecidas, y no amenazadas, por expresiones de opinión y crítica, y que las voces opositoras pueden jugar un papel vital ayudando a las sociedades a ser más tolerantes e inclusivas", ha agregado.
Así, ha recordado que Washington "ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el caso de Nabil Rayab", señalando que Estados Unidos "continúa pidiendo firmemente al Gobierno de Bahréin que cumpla sus obligaciones y compromisos internacionales con el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión".
La Fiscalía de Bahréin ha afirmado que el tribunal ha condenado a Rayab, presidente del Centro de Bahréin por los Derechos Humanos (BCHR), al considerar que sus actividades "no están relacionadas con los Derechos Humanos ni con su derecho de expresión y opinión".
Según las informaciones recogidas por la agencia estatal bahreiní de noticias, BNA, "los cargos iban en línea con la ley (...) y con crímenes similares contemplados por el Derecho Internacional".
La Fiscalía ha agregado que el activista tiene derecho a apelar el fallo ante el Tribunal de Apelaciones, tal y como contempla la legislación del país. Rayab no ha comparecido en el juicio por motivos de salud.
Las autoridades le imputaron cargos por "participar en programas de televisión (...) para difundir noticias, informaciones y rumores falsos y sesgados que dañan el prestigio y la postura del reino y debilitan la confianza en él".
Así, sostuvieron que el objetivo de Rayab era "incitar la antipatía y la rebelión ante el sistema en vigor" e "incitar las divisiones sociales para provocar disturbios sociales".
Rayab es uno de los activistas más conocidos en el mundo árabe y fue uno de los principales símbolos de las protestas en 2011 a favor la democratización del país, liderada por la mayoría chií y que contó con la participación de sectores liberales de la comunidad suní.
El activista está también a la espera de juicio en un caso por una serie de 'tuits' y 'retuits' sobre la guerra en Yemen, en el que se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, en caso de ser condenado.
La sentencia ha sido criticada durante la jornada por organizaciones como el BCHR, el Instituto de Bahréin por los Derechos y la Democracia (BIRD), Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), que han reclamado la liberación de Rayab.
AUMENTO DE LAS TENSIONES EN BAHRÉIN
El país atraviesa un momento de gran tensión, en medio del aumento de la represión por parte de las autoridades, incluyendo la suspensión de partidos opositores y la condena contra líderes de la oposición y activistas.
Recientemente modificó la Constitución para permitir que los civiles sean juzgados por tribunales militares. La última vez que esto se dio fue tras las protestas de 2011, cuando cerca de 300 personas fueron condenadas por crímenes políticos.
Asimismo, el Gobierno anunció en enero la restauración de la autoridad para llevar a cabo detenciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), dando marcha atrás en una de las recomendaciones de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin (BICI) que había aplicado.
Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas, y en 2011 impuso la Ley de Seguridad Nacional, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las manifestaciones.
La oposición ha denunciado las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 90 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en disturbios.
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