La citada ley, que data de 2015, entiende el concepto de seguridad nacional como "la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos".
DIFUSA E INNECESARIA
Una definición "difusa", a juicio de ERC y del autor de la iniciativa, Gabriel Rufián, que conlleva, además, inseguridad jurídica porque bajo ese concepto se pueden incluir "todas las conductas, actos y acciones que pueden desarrollarse en un Estado de Derecho".
Además, añade que resulta "innecesaria" una normativa específica sobre la seguridad nacional teniendo en cuenta que ya existe la Ley de la Defensa Nacional, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.
Asimismo, los independentistas justifican la derogación de la citada norma en tanto que el Gobierno puede actuar ante una situación que considere de riesgo para la seguridad nacional "cuando lo estime conveniente, sin previa consulta o deliberación del Poder Legislativo y mediante la publicación de Real Decreto".
INSTRUMENTO EJECUTORIO DE LA LEY MORDAZA
"Un retorcimiento del Estado de Derecho --en opinión de Rufián-- que avala intervenciones excepcionales para situaciones de contestación social, y que es digno instrumento ejecutorio de la llamada 'Ley Mordaza'".
También critica el portavoz adjunto de ERC que la Ley de Seguridad Nacional otorgue al presidente del Gobierno y al Consejo de Seguridad Nacional facultades "exorbitantes", dado que pueden absorber con carácter "arbitrario y discrecional" todos los medios humanos y materiales de las comunidades autónomas, relegando a éstas a un mero papel de "espectador".
Rufián considera este precepto un "expolio competencial" además de un "menoscabo" a la autonomía política de Cataluña y Euskadi que, según recuerda, cuenta con policías autonómicas. Y es que, en caso de darse una situación que el Ejecutivo juzgue de riesgo para la seguridad del país, con la aplicación de esta ley, ambos cuerpos pasarían a depender automáticamente de la Presidencia del Gobierno.
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