LA AUDIENCIA JUZGA AL EXEMBAJADOR EN FINLANDIA POR LA CONTRATACIÓN IRREGULAR DE SU SERVICIO DOMÉSTICO

La Audiencia Nacional juzga este lunes al que fuera embajador de España en Finlandia Marcos Vega Gómez por contratar a los empleados del servicio doméstico de su residencia oficial de manera irregular y engañando al Ministerio de Asuntos Exteriores. La Fiscalía pide para él 10 años de prisión, 21 de inhabilitación y 30.000 euros de multa.
El Ministerio Público atribuye a Vega Gónez tres delitos continuados de malversación de caudales públicos, castigados con cinco años de prisión y ocho de inhabilitación; falsificación de documento oficial, penado con cinco de cárcel, cuatro de inhabilitación y multa; y prevaricación, por el que pide nueve años de inhabilitación.
Según el escrito de acusación, el diplomático contrató de manera irregular a dos mujeres -una filipina y otra etíope- para que trabajaran en el servicio doméstico de su residencia oficial.
Vega reclutó a las que iban a ser sus trabajadoras en sus países de origen y les pagó el billete hasta Helsinki, capital de Finlandia, con fondos de la embajada y sin la autorización de Exteriores. Gastó en los viajes 2.100 euros, que las contratadas estaban obligadas a devolver.
800 EUROS AL MES
En una primera etapa, las dos mujeres viajaron desde su país de origen a España, donde les fueron proporcionados visados Schengen desde el consulado y la embajada de España en Manila y Sana, respectivamente. Ese documento les permitió entrar en Finlandia como turistas.
Aunque Vega sabía que “ambas carecían de permiso de trabajo y residencia en Finlandia”, firmó un acuerdo para que trabajaran por 800 euros al mes, mientras esperaban a que la plaza se cubriera por el cauce legal establecido desde el Ministerio.
Finalmente se hizo la convocatoria oficial para los puestos de mayordomo y empleada doméstica. Entonces, el embajador decidió participar en el proceso de selección, aunque legalmente estaba obligado a abstenerse por tener interés en el asunto. Las plazas se adjudicaron, según la Fiscalía, “de forma arbitraria por el acusado” que ni siquiera cumplían los requisitos para ser candidatas.
MENOS SUELDO
Para rematar la jugada, el exembajador remitió al Ministerio dos contratos redactados en español por sueldos mensuales netos de 1.400 y 1.200 euros. Pero esos no fueron los contratos que dio a firma a sus empleadas con las que suscribió otros escritos en inglés en los que pactaba pagarles 800 euros mensuales.
Además, esos contratos tenían una duración de un año renovable, mientras que los autorizados por Exteriores eran indefinidos. Tampoco hacían mención a la jornada laboral de las trabajadoras, que en los contratos en español se establecía en 37,5 horas semanales.
El Ministerio Público explica que el diplomático utilizó el dinero que se ahorraba en esos dos contratos en la contratación de otra trabajadora filipina para “su mayor comodidad personal y privada”.
También modificó las condiciones de la plaza autorizada para la contratación de un empleado de limpieza de la cancillería.
El contrato oficial remitido a Madrid era de tres horas diarias, pero el que el trabajador firmó, de nuevo en inglés, era de cinco horas por el mismo salario y con más obligaciones.
El exembajador sostiene que la denuncia de estos hechos se debe a una “venganza” del canciller de la embajada, después de que decidiera suprimir una cuenta opaca con la que se pagaban sobresueldos a los trabajadores de la embajada.