La portavocía del Ejército ha resaltado que los ejecutados "participaron en crímenes atroces relacionados con el terrorismo", entre los que ha enumerado "el asesinato de civiles, la destrucción de infraestructura e instituciones educativas, y la ejecución de ataques contra las Fuerzas Armadas".
En su comunicado, publicado en su página web, ha resaltado que todos ellos han sido ahorcados en una cárcel de la provincia de Jíber Pajtunjua (norte), agregando que fueron condenados por tribunales militares.
El primer ministro, Nawaz Sharif, retiró la moratoria sobre la pena de muerte tras un atentado ejecutado por los talibán paquistaníes contra una escuela de la localidad de Karachi (sur) en diciembre de 2014, suceso que se saldó con la muerte de 145 personas, entre ellas 132 menores de edad.
Si bien en un primer momento la retirada de la moratoria afectaba únicamente a los condenados por terrorismo, las autoridades la extendieron posteriormente a todos los sentenciados a muerte.
Los tribunales militares especiales han sido motivo de tensiones entre el Gobierno y la oposición, que denuncian el excesivo secretismo en torno a los mismos.
El plazo de ejercicio de estos tribunales, establecidos por el Gobierno a principios de 2015 de forma provisional, finalizó en enero. Las autoridades argumentan que estos tribunales son necesarios debido a la ineficiencia de la Justicia civil.
Sin embargo, el presidente del país, Mamnun Hussein, aprobó a finales de marzo una enmienda constitucional --que recibió previamente el respaldo del Parlamento-- para volver a activarlos.
Las cortes militares fueron establecidas por el Parlamento de Pakistán en respuesta a un ataque perpetrado por talibán contra una escuela militar en diciembre de 2014, que causó la muerte de 134 menores.
En su momento, el Gobierno argumentó que la Justicia ordinaria era demasiado lenta como para ocuparse de los casos de terrorismo, ya que muchos jueces, por temor a las represalias de los terroristas, alargaban y retrasaban los veredictos.
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