Morva falleció a las 21.15 horas después de haber recibido la inyección letal en el centro correccional de Greensville, en Jarratt, según ha confirmado la portavoz del departamento de correccionales del estado, Lisa Kinney.
Kinney ha asegurado que a pesar de haberle preguntado, Morva no quiso decir unas últimas palabra antes de comenzar el proceso que, según la portavoz, se llevó a cabo "sin complicaciones", tal y como ha recogido la cadena estadounidense NBC.
El gobernador del estado, Terry McAuliffe, avanzó horas antes que no detendría la ejecución ya que después de evaluar el caso, había determinado que Morva recibió un juicio justo y que el jurado tenía suficientes pruebas de consideración sobre su salud mental cuando recibió la condena.
"En resumen, no hay pruebas suficientes para que pudiera tomar el paso extraordinario de revocar la decisión que un jurado establecido dentro de los límites de la legalidad tomó en un juicio llevado a cabo de forma apropiada", señaló McAuliffe en un comunicado.
En la víspera, tanto los relatores especiales de Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard, y para el Derecho a la Salud, Dainius Puras, como la ONG Human Rights Watch (HRW) solicitaron que Washington volviera a estudiar el caso.
Morva fue condenado a muerte en 2008 y su ejecución está programada para este jueves. El ahora condenado fue trasladado a un hospital por un esguince y cuando estaba en el centro hospitalario asaltó al 'número dos' de la oficina del 'sheriff', a quien robó el arma. Después abrió fuego contra el guardia de seguridad del hospital.
Tras lograr huir del mismo, al día siguiente mató al 'número dos' de la oficina del 'sheriff' del condado de Montgomery. Durante el juicio, Morva fue diagnosticado con un trastorno de personalidad, condición de la cual, según la ONU, no se informó al jurado.
En 2014 fue rediagnosticado con psicosis paranoica por un psiquiatra que aseguró que los asesinatos podrían haber sido cometidos a causa de uno de los delirios que estaba experimentando. En este contexto, la ONU ha pedido a Washington que vuelva a examinar el caso de Morva, cuya situación le ha llevado a tener una comunicación casi nula con su equipo legal, para que tenga un juicio justo.
FIN DE LA PENA DE MUERTE
El coordinador del programa para Estados Unidos de HRW, Paul Smith, se sumó a la petición de la ONU --y de otros organismos--y ha solicitado al gobernador que conmutara su sentencia y éste fuera condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
En un comunicado, Smith subrayó si bien McAuliffe se ha mostrado abiertamente "contrario a la pena de muerte", éste supervisó las ejecuciones de Alfredo Prieto en 2015 y de Ricky Gray en enero de este año. No obstante, el pasado mes de abril conmutó una pena capital por primera vez, la de Iván Teleguz, alegando que el jurado había actuado basándose en "información falsa".
"La pena de muerte debe abolirse. Es inherentemente cruel y la finalidad de la ejecución hace que los patrones de error, prejuicio y parcialidad que impregnan tantos casos de pena capital sean imposibles de corregir", criticó el investigador de HRW.
Asimismo, Smith recordó que el caso de Morva no es único y que debe servir como "recordatorio" sobre lo persistentes que son estas preocupaciones. "Igual de importante, el debate en torno a esta sentencia pone de manifiesto una vez más lo imposible de definir con algún tipo de claridad moral los tipos concretos de personas que pueden y que no pueden ser ejecutados", agregó.
Por último, insistió en que el gobernador de Virginia debería conmutar la condena de Morva y, siguiendo sus principios, trabajar para "garantizar duro para garantizar el fin de la pena de muerte" en el estado.
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