La cooperativa audiovisual Metromuster y colectivos sociales han criticado este lunes que la muerte de un joven de 21 años el 6 de enero de 2012 en el Centro de internamiento de extranjeros (CIE) de la Zona Franca, en Barcelona, no se comunicó oficialmente a la familia, que desconoce dónde se encuentra el cuerpo.
El realizador y sociólogo Xavier Artigas ha afirmado en rueda de prensa que se han puesto en contacto con la familia del joven, Idrissa Diallo, en un viaje a la República de Guinea, y que la madre y el hermano han asegurado que tuvieron conocimiento de la muerte por la llamada de una abogada catalana --que no lo representaba pero tenía un vínculo personal con Idrissa--, pero no tuvieron ninguna comunicación oficial.
En el acto, al que han asistido representantes de Sos Racisme, Tanquem els CIE, el Sindicato popular de vendedores ambulantes de Barcelona y el Centre Irídia, han proyectado un vídeo en el que la familia ha afirmado que no ha visto el cuerpo, que desconoce dónde se encuentra, y que hasta que se desplazaron recientemente a Guinea los miembros de la productora no tuvieron certeza de la muerte.
La productora ha constatado que tras la muerte hubo comunicaciones con la embajada de Guinea en España y entre el Ministerio del Interior y el consulado de Guinea en Barcelona, pero que a pesar de que el expediente del joven contenía el teléfono de su hermano --al que llamó la abogada--, no se produjo una comunicación oficial con la familia por parte de ninguno de los dos países.
El realizador ha explicado que contactaron, a través del medio digital 'La Directa', con la Conselleria de Justicia de la Generalitat y la Delegación del Gobierno en Catalunya, y que la primera les explicó que el cuerpo del joven entró en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses el día de la muerte y salió en julio de 2012, a un destino que se desconoce porque el Estado no está obligado a especificarlo.
Artigas ha asegurado que recaban información sobre el caso desde hace tiempo y que les sorprendió "la total opacidad" por parte de las autoridades, especialmente de la Policía Nacional, alrededor de una muerte que el informe de levantamiento del cuerpo considera que fue una muerte súbita de una persona joven sana, en lo que aseguran que no ahonda la posterior autopsia, y ha criticado que se ha repartido por la geografía española a los testigos.
DECLARACIONES
Ha afirmado que los compañeros de celda de Idrissa declararon ante la policía sin presencia de un abogado, y que las afirmaciones recogidas oficialmente, a las que han tenido acceso, aseguran que la ambulancia llegó inmediatamente y no hubo violencia policial, pero que estas declaraciones "coinciden al milímetro" entre ellas, lo que ha asegurado que es un caso de 'corta y pega' porque se repiten incluso faltas de ortografía.
Artigas ha criticado que han encontrado "contradicciones" entre lo que declararon ante la policía los compañeros de celda de Idrissa y lo que algunos testigos afirmaron a algunos abogados que se interesaron en el suceso y fueron expulsados del CIE.
Según el realizador, estas personas afirmaron que el joven se quejaba desde hacía tiempo de dolores y que el 6 de enero de 2012, cuando estaba muy mal, la ambulancia llegó una hora tarde, cuando ya estaba muerto, por lo que podría haber sido "por lo menos una negligencia médica", ha sostenido.
ACCIONES LEGALES
El abogado del Centre Irídia Andrés García Berrio ha explicado que están estudiando emprender acciones legales para solicitar que se haga la identificación legal del cuerpo y que este pueda ser trasladado a la familia, así como que el Gobierno central investigue a fondo lo sucedido, con datos como cuándo llegó exactamente la ambulancia.
Según Berrio, se habría tenido que investigar si había responsabilidades penales, ya que "no se garantizó una investigación independiente", porque se expulsó del CIE a los abogados y se pusieron obstáculos a la acusación popular, como ha afirmado el representante de Sos Racisme Karlos Castilla.
El abogado ha apostillado que para reclamar la responsabilidad patrimonial hay un procedimiento administrativo que puede hacerse solo durante el primer año tras la muerte, pero que como no hubo una comunicación oficial con la familia, debería contarse desde que ésta lo supo de forma cierta con la visita de los integrantes de la productora audiovisual.
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