Entregadas a los grupos las conclusiones de la comisión de investigación de la Plataforma de Alimentos

La documentación se ha remitido a los grupos una vez finalizado el plazo concedido al concejal no adscrito, Marcelo Campos, para que presentara alegaciones, sin que éste haya realizado aportación o consideración alguna al expediente. Además, para que pueda informarse a todos los grupos convenientemente, se ha convocado para el 15 de febrero una Comisión Informativa de Servicios Sociales, Sanidad y Consumo.

Tal y como se indica en el informe, la Comisión de Investigación ha tenido como objeto "determinar si este servicio ha funcionado correctamente a la vista de las reclamaciones presentadas", para en su caso, "plantear alternativas de actuación" que se consideren oportunas "para lograr el correcto funcionamiento" de la Plataforma, ya que su fin no ha sido determinar posibles responsabilidades penales o de otro tipo, señala el equipo de Gobierno en un comunicado.

Bolado ha destacado el "papel resolutivo" que ha tenido en este asunto el equipo de Gobierno, que ha tomado "las medidas que eran necesarias para dilucidar la situación" y que lo ha hecho "cuando lo teníamos que hacer" es decir, "cuando nos hemos encontrado con indicios de que podría estar produciéndose un funcionamiento irregular en la Plataforma".

"Nosotros fuimos los primeros en tomar medidas a través de esa investigación interna que pusimos en marcha ante las sospechas que se nos plantearon, para dirimir qué estaba ocurriendo y poner fin a este problema al encontrar indicios de una presunta irregularidad en el funcionamiento", ha señalado la alcaldesa.

Bolado ha recordado que "en esta línea se tomaron decisiones como la expulsión del concejal no adscrito del equipo de Gobierno y la consecuente retirada de sus funciones al frente de la Concejalía de Asuntos Sociales, así como la destitución de su secretaria".

También ha puesto en valor la labor que se está haciendo desde el equipo de Gobierno "para evitar que situaciones como las ocurridas se puedan volver a repetir", y que pasan por medidas como la elaboración de una ordenanza que regule el funcionamiento del Programa de Ayuda Alimentaria "ya que desde la pasada legislatura en la que gobernaba el PP y en la que se puso en marcha la plataforma, este sistema carecía de una normativa adecuada que regulase su funcionamiento ni que estableciera la función de los voluntarios".

En esta ordenanza que el equipo de Gobierno llevará a debate en el próximo pleno, se recogen aspectos como los requisitos y condiciones de acceso al mismo por parte de los vecinos y familias del municipio, los mecanismos en los que se efectuarán los repartos, o las características de los productos que se entrega.

Junto con ello, en dicha sesión se quiere aprobar también un plan de voluntariado social destinado a favorecer la colaboración desinteresada y altruista de todas aquellas personas que deseen ayudar en el desarrollo de este programa, que regula aspectos como las funciones de los voluntarios o los criterios que éstos deben cumplir para colaborar con el programa.

Para Bolado, se trata de iniciativas "necesarias para evitar que en el futuro puedan volver a repetirse situaciones como las que han ocurrido meses atrás, y acabar con ese vacío que existía -dice- desde que el PP pusiera en marcha la plataforma durante la legislatura pasada".

La alcaldesa ha contrastado la labor que está haciendo el Equipo de Gobierno para poner fin a estos problemas frente a la "demagogia" que el PP "ha demostrado en este asunto buscando únicamente el beneficio político", ya que "si tenía constancia de que se estaban cometiendo irregularidades tenía que haberlo denunciado y tenía que haber puesto esas pruebas a disposición de la justicia, en lugar de perseguir réditos políticos".

CONCLUSIONES DEL INFORME

En cuanto a las conclusiones del informe elaborado por la Comisión de Investigación, éstas recuerdan que este servicio es de competencia municipal, "debiendo existir una función de inspección y control por los Servicios Municipales a través del concejal responsable del área y del personal adscrito a Servicios Sociales, cualesquiera que sea la forma de organización del Servicio".

Según el informe, "se entiende preciso que el Ayuntamiento efectúe de manera urgente la regulación de los Programas de Voluntariado Social" y se reitera "la necesidad de un control de las incorporaciones a los programas de voluntariado, previa y expresamente aprobados", por lo que se considera necesario "definir el régimen jurídico bajo el que ha de prestarse el servicio del Banco de Alimentos a través de la correspondiente Ordenanza".

El informe determina que este servicio "ha dependido en exceso del funcionamiento de los voluntarios, de tal manera que no consta que desde los servicios municipales se hayan efectuado inspecciones ni se haya controlado su funcionamiento", por lo que se considera que "debe establecerse necesariamente los medios de control y supervisión de los Servicios Municipales sobre la actuación que se desarrolle" para su gestión.

Según las conclusiones, en las testificales "se observa como elemento común que no se garantiza que los firmantes conocieran de antemano, en el momento de la firma del recibí, la cantidad de alimentos que se les iba a entregar" y además "se recomienda que se efectúen un control aleatorio en cuanto a la identidad de las firmas recogidas en los últimos listados dada la disparidad apreciada entre las recogidas en diversos documentos".

Junto con ello, en las conclusiones del informe también se recomienda establecer "un protocolo para el control del stock" así como "medidas de control interno de la instalación mediante videocámaras que deben funcionar fuera de las horas de reparto al objeto de evitar posibles situaciones de uso inadecuado del stock que se aprecia en algunas testificales".

También se resalta "la necesidad de que se proceda a la adopción de la regulación oportuna en cuanto a la entrega de vales de alimentos" ya que se estima que la entrega de alimentos mediante vales se debe efectuar mediante talonarios con modelos aprobados por el Ayuntamiento".

Igualmente se estima necesaria la aprobación de una ordenanza general "reguladora del establecimiento de precios públicos que fije con seguridad jurídica el procedimiento para la determinación de los mismos".