La Eurocámara avala la creación de un cuerpo europeo de guardacostas y fronteras

La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha avalado este lunes la creación de un cuerpo europeo de guardacostas y fronteras, capaz de desplegar sus efectivos en un Estado miembro si la frontera exterior de este país sufre una presión migratoria "desproporcionada" o su seguridad está amenazada.

Los eurodiputados recogen así las principales líneas de la propuesta inicial, tal y como fue presentada por la Comisión Europea, pero introducen cambios como que serán los estados miembros, por mayoría cualificada, y no el Ejecutivo comunitario quienes podrán activar la intervención del cuerpo, aunque no lo pida el país en apuros.

Se trata de la posición negociadora que defenderá el Parlamento Europeo en las conversaciones con los Veintiocho que comenzarán este mismo martes, 31 de mayo, según han indicado fuentes parlamentarias. El documento ha salido adelante con el apoyo de 44 votos, frente a nueve voces en contra y dos abstenciones.

Los eurodiputados abogan por que los países de la Unión Europea sigan siendo los responsables de la gestión de su frontera en el "día a día", pero señalan que podrán "buscar la ayuda" de este nuevo cuerpo en momentos de crisis.

El ponente de la posición, el eurodiputado letón Artis Pabriks (PPE), ha avisado de que la guarda europea no es la "bala de plata" que puede por sí sola resolver la crisis migratoria o restaurar el espacio sin fronteras Schengen, pero ha subrayado que es "el primer paso sin el que el resto" del camino para controlar la crisis no se podrá cumplir.

De acuerdo al planteamiento de la Eurocámara, en el caso de que un Estado miembro no pueda hacer frente a la presión migratoria o su frontera esté amenaza por el crimen organizado se podrán desplegar de manera "temporal" equipos de intervención rápida, "ya sea a petición del Estado miembro o por decisión del Consejo".

Los eurodiputados también ven con buenos ojos ampliar el mandato de esta agencia para que pueda asistir a los Estados miembros en las deportaciones de inmigrantes llegados a su territorio de manera irregular, tanto en el marco operativo como técnico.

No obstante, advierten de que el cuerpo no deberá participar en las expulsiones de inmigrantes a países terceros en donde exista riesgo de que se vulneren sus derechos fundamentales.