Así lo han resaltado en declaraciones a Europa Press los abogados del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo; del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Fernando de Pablo, y del exdirector de IDEA Jacinto Cañete, Juan Carlos Alférez, a cuyo recurso se refiere expresamente el auto de la Sección Séptima.
El primer letrado en plantear esta disyuntiva fue Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al exconsejero y que el 15 de junio de 2016 elevó un escrito a la juez María Núñez Bolaños en el que pedía que, tras ser procesado en la pieza del procedimiento específico, su cliente fuera "apartado" del resto de piezas separadas, ya que "no puede ser investigado ni puede ser enjuiciado más que una sola vez por hechos que presentan una obvia identidad de objeto y fundamento".
Martínez del Hoyo ha indicado que tanto él como el abogado de Cañete "supieron hacer la lectura correcta y la interpretación jurídica" adecuada del auto de 31 de mayo de 2016 que cerraba la instrucción de la pieza del procedimiento específico, "dándose cuenta desde el primer momento de sus efectos expansivos y de su profunda significación en el sentido de que, por tratarse de hechos íntimamente relacionados, a las personas incluidas en aquel auto sólo se les podría enjuiciar una sola vez por la concesión y pago de las ayudas sociolaborales o a empresas".
"Una sola vez, en ese primer juicio, y no decenas de veces en cada una de las piezas separadas por cada ayuda", ha subrayado el abogado, que ha recordado que, a partir del incidente que promovió en junio de 2016, ambos letrados han venido alegando y recurriendo "sistemáticamente" cuantas decisiones del Juzgado volvían a incluir a sus clientes en distintas nuevas piezas "y siempre con la oposición de la Fiscalía y de la Junta".
Al hilo, el abogado del exconsejero ha aludido al auto que abre la vía para que los exaltos cargos sean juzgados una sola vez, resolución "que viene a reconocer plenamente aquellas tesis de la defensa y censura duramente las de Juzgado y acusaciones", añadiendo que próximamente recaerán nuevas resoluciones sobre el mismo objeto de debate, ya que por ejemplo la Audiencia deliberó hace varias semanas sobre el recurso presentado por Martínez del Hoyo en relación con Surcolor. En este sentido, el letrado ha añadido que "espera que esas nuevas resoluciones sean en el mismo sentido y confirmen plenamente esta línea de decisión".
EL "MANTRA" DE LAS ACUSACIONES
Por todo ello, el letrado ha mostrado su satisfacción con el hecho de que los tribunales "finalmente reconozcan la justicia de una pretensión como esta", por la que lleva "batallando jurídicamente" desde junio de 2016 y que, "si bien se ha dificultado y retardado en exceso tal vez debido a la enorme complejidad del procedimiento, en definitiva tenía como objeto y se reconducía a algo tan elemental como que nadie puede ser investigado, acusado y enjuiciado más que una sola vez por unos mismos hechos".
"Las acusaciones han repetido como un mantra que se trataba de 'hechos distintos', pero nunca han dado una explicación convincente al respecto: eso es lo que exactamente ahora el Tribunal pone de relieve", ha resaltado Martínez del Hoyo, que ha celebrado que el auto "significa introducir una cierta racionalidad y posibilitar la pura viabilidad de futuro" en cuanto al panorama de señalamientos y celebración de juicios de la Audiencia, "que en otro caso hubiera quedado gravemente comprometido para los próximos años".
Y es que "esa ingente cantidad de juicios --uno por cada ayuda-- que las acusaciones han entendido que se debían celebrar contra diversos cargos públicos y funcionarios responsables de la concesión y pago de ayudas sólo podría tener lugar y celebrarse de una manera consecutiva, y no simultánea, debido a la obvia coincidencia de fiscales, abogados y acusados", ha explicado el abogado, que ha añadido que "se hubiera tratado de juicios de gran complejidad y un consecuente elevado número de sesiones para su desarrollo".
PANORAMA "INQUIETANTE" E "INCIERTO"
Según ha explicado, "puede establecerse una media prudencial de un mes de duración por cada juicio y estamos hablando de unas 200 ayudas", todo ello "con más que probables incidencias por 'contaminación' de salas que hubieran ya previamente juzgado a las mismas personas por hechos íntimamente relacionados y en consecuencia formado criterio con carácter previo a esos sucesivos nuevos juicios".
"En fin, ése al que se nos abocaba era un panorama muy inquietante y muy incierto", ha dicho el abogado de Fernández, que ha concluido diciendo que, "si hay un interés del Estado y en definitiva de la sociedad, en la definitiva solución judicial de estos hechos, existe a partir del derecho constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas un interés, igualmente legítimo, y es el de los acusados a ser finalmente juzgados después de más de seis años de sujeción al procedimiento y con lo que ello en sí supone y conlleva de dura penalidad".
Por su parte, el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha indicado a Europa Press que, en estos momentos, "es difícil calcular las consecuencias" del auto de la Audiencia, aunque a su juicio "debe tener un recorrido similar a la extensión que tiene su interpretación jurisprudencial", de modo que "todos aquellos que sean juzgados en el procedimiento específico han de ser exonerados de otro juicio con objeto similar al de éste".
Según ha dicho, la diferencia entre el objeto del procedimiento específico y el resto de diligencias en la que estas personas figuran como investigadas "es, fundamentalmente, que hay un mayor número de personas investigadas", una diferencia que "está ya contemplada en nuestra legislación, de manera que pueden seguir adelante contra los no juzgados aquí".
INVESTIGACIONES "TREMENDAMENTE POLITIZADAS"
De la misma manera, De Pablo señala que la legislación española "permite al o los juzgadores la posibilidad de deducir testimonio, per se o a instancia de parte, para abrir nuevas diligencias contra uno o varios de los juzgados en el procedimiento específico, sobre áreas no esclarecidas en el juicio".
El abogado ha subrayado "la dificultad de calcular las consecuencias" del auto de la Audiencia, "porque es de esperar la oposición a posibles sobreseimientos que entablen la Fiscalía y acusaciones particulares", toda vez que "andamos en unas investigaciones tremendamente politizadas, donde los intereses empujan a asimilarlas a otras donde se discute dinero desaparecido y no la discusión entre un procedimiento administrativo u otro.
De su lado, el abogado de Jacinto Cañete, Juan Carlos Alférez, ha destacado que el auto de la Audiencia "supone de facto que nuestro cliente no podrá ser investigado ni procesado en ninguna de las piezas separadas" y solo será enjuiciado en el denominado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas.
Asimismo, ha resaltado que, "de consagrarse la misma tesis para el resto de altos cargos concedentes, lo cual es previsible pues los argumentos son transversales, podríamos estar ante un vuelco en el diseño conceptual del caso ERE, dado que ningún alto cargo sería procesado ni enjuiciado en ninguna de las piezas separadas".
"En la práctica, para nuestro cliente, el auto significará tener un solo proceso en lugar de decenas y decenas, algo que veníamos reclamando desde antaño por el monstruoso e innecesario calvario procesal que ello suponía", ha afirmado.
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