Partidarios convocan este lunes para recibir con bombos y platillos a la expresidenta argentina Cristina Kirchner que regresa a Buenos Aires desde la Patagonia adonde se recluyó en diciembre tras dejar el gobierno, para declarar por supuesta defraudación, mientras se resuelve si el juez debe apartarse de la causa.
Militantes kirchneristas preparan una concentración que anuncian multitudinaria como apoyo a la exmandataria que arribará hacia las 22H15 locales (00GMT) al aeropuerto metropolitano desde El Calafate, 3.800 km al sur de Buenos Aires, adonde permaneció recluida desde que Mauricio Macri la sucedió el 10 de diciembre.
Argentina está envuelta en un torbellino judicial donde los implicados son altos exfuncionarios de los gobiernos de centroizquierda Néstor y Cristina Kirchner que entre 2003 y 2015 marcaron la vida política de este país. Las acusaciones van desde enriquecimiento ilícito hasta lavado de dinero con sospechas cruzadas de parcialidad de fiscales y jueces.
Kirchner debe comparecer el miércoles ante el juzgado federal de Claudio Bonadío, quien la citó por operaciones cambiarias del Banco Central realizadas en los últimos meses de su mandato.
Pero la declaración puede frustrarse si prospera un pedido de recusación contra el juez Bonadío, presentado por otro de los involucrados en la causa.
Bonadío es un magistrado al que Kirchner intentó destituir varias veces acusándolo de imparcialidad ante el Consejo de la Magistratura.
La Cámara Federal debe resolver la petición y si hace lugar al reclamo la causa pasa a definir nuevo magistrado por sorteo y las indagatorias deberán reprogramarse.
La resolución puede sobrevenir entre este lunes y el miércoles, día de la citación de Kirchner, la última en declarar entre los trece citados.
Militantes kirchneristas preparan una gigantesca movilización a tribunales el miércoles bajo consignas épicas de salvación a la líder del partido.
"Si la citan a ella, nos citan a todos", se autoconvocan.
Una suspensión de la indagatoria puede dejar sin efecto lo que sería una demostración de fuerza del kirchnerismo.
Fuentes del gobierno citadas por la prensa local desestimaron la convocatoria y explicaron que no están previstas medidas especiales de seguridad para Kirchner más allá de la que tiene todo exmandatario.
Otro de los citados por Bonadío es el exministro de Economía de Kirchner, Axel Kicillof, que debe presentarse el martes por la mañana.
El juez investiga una supuesta defraudación millonaria contra las reservas del Banco Central por operaciones cambiarias con dólar a futuro.
Según se consignó en la causa el banco pactaba en noviembre el dólar de enero a 10,28 pesos. Pero en enero el billete cotizó un 50% más por la devaluación del 30% que se produjo tras la asunción de Macri, que liberó el mercado cambiario el 16 de diciembre.
La semana pasada también compareció el extitular del Banco Central, Alejandro Vanoli, que defendió las operaciones como política cambiaria para alejar expectativas de devaluación en medio de la campaña presidencial.
Este fin de semana la expresidenta también recibió la noticia del pedido de un fiscal para investigarla en otra causa por supuesto lavado de dinero.
El juez federal Sebastián Casanello debe resolver si desestima o avala el pedido del fiscal, Guillermo Marijuán. La causa está bajo secreto de sumario.
El pedido contra Kirchner se produjo tras la declaración de un testigo protegido en una causa por la que fue arrestado el empresario Lázaro Baéz, acusado de desviar fondos millonarios a cuentas en Suiza durante los 12 años del gobierno kirchnerista.
Numerosos allanamientos en búsqueda de documentación fueron realizados en fin de semana en distintos puntos del país.
El pedido contra la exmandataria incluye además a su exministro de Planificación, Julio De Vido.
El exfiscal argentino y de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo, cuestionó la imparcialidad del sistema judicial argentino.
"Son amigos del poder, cuando el poder cambia, la amistad cambia", dijo el domingo a C5N.
El presidente Mauricio Macri también quedó en el ojo de la tormenta luego de un pedido de un fiscal para que se lo investigue por "omisión maliciosa" en su declaración jurada de dos empresas offshore, una de ellas revelada en la investigación mundial llamada 'Panama papers'.
"La corrupción es un delito de gente con poder, la gente pobre no puede comprar poder. El lavado de dinero con offshore lo hacen los ricos no los pobres. Eso ha hecho que se armen jueces y fiscales que protegen el poder. Eso tiene que cambiar no puede haber una justicia que funcione para la impunidad", sostuvo Moreno Ocampo.
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