Las Fuerzas Armadas brasileñas entraron este viernes en una prisión del estado de Roraima (norte) en busca de armas y drogas, su primer operativo desde que el gobierno las movilizó ante la brutal ola de violencia en las cárceles del país.
Los objetos incautados parecían más bien una lista de insumos del hogar: 29 aparatos de televisión, 43 antenas, 11 equipos de DVD, 54 heladeras y 16 cocinas de pequeño porte y tanques de gas, entre otros electrodomésticos como licuadoras y tostadoras, según un resumen del ministerio de Defensa.
La requisa fue realizada por 335 militares, que ingresaron por la mañana en la cárcel de Monte Cristo, donde el pasado 6 de enero un enfrentamiento entre presos dejó 33 muertos.
Después de que 250 hombres de la Policía Militar y Civil (dos cuerpos comandados por las autoridades regionales) aislaran a los presos, los militares empezaron a inspeccionar celdas, tejados, túneles y el área administrativa en busca de objetos prohibidos.
En su búsqueda hallaron poco más de un kilo de drogas (marihuana y cocaína), más de 50 celulares y una centena de armas blancas, además de pólvora y semillas de marihuana, detallaron las autoridades.
"Las armas, las municiones, los cuchillos son factores que hacen que la tragedia aumente, que incrementan su salvajismo y su violencia de una forma inaceptable", dijo el ministro de Defensa, Raúl Jungmann, en una conferencia de prensa.
Constitucionalmente, los militares no pueden encargarse del control de los presidios. Ante las críticas suscitadas por esa nueva atribución, el gobierno de Michel Temer enfatizó que los uniformados se limitarán a "limpiar" las cárceles donde no haya riesgo de rebelión.
"Las Fuerzas Armadas no tuvieron ningún contacto con los presos" de Roraima, subrayó Jungmann, que remarcó que el operativo es monitoreado por la fiscalía militar.
Por otro lado, la policía retomó este viernes el control de la prisión de Alcaçuz, en Natal (noreste), donde 26 reclusos fueron asesinados a mediados de enero, a raíz del mismo enfrentamiento entre facciones.
"Los presos no ofrecieron ninguna resistencia y no se realizó ni un solo disparo", afirmó el director del Departamento Penitenciario Nacional, Marco Antônio Severo, que acompañó la operación.
Los agentes ingresaron temprano en la mañana e izaron una bandera de Brasil en el techo de uno de los pabellones que días atrás había sido tomado por la rebelión de presos.
La grave crisis que atraviesa el sistema penitenciario brasileño -cuyo hacinamiento facilita que los grupos criminales tengan ahí su centro de operaciones- se evidenció este 2017.
Cerca de 140 internos murieron desde inicios de año, cuando empezó un sangriento enfrentamiento entre el poderoso Primer Comando de la Capital (PCC) de Sao Paulo (suroeste) y el Comando Vermelho de Rio de Janeiro y sus aliados por el control del narcotráfico en el país.
El 1 de enero, esa guerra se cobró 56 vidas en una cárcel de Manaos (norte), que siguió días después con los 33 muertos de Roraima.
El 14 de enero, el horror se repitió en Alcaçuz, con 26 muertos. Las bandas en disputa de esa cárcel mantuvieron una alta tensión durante días, que se trasladó incluso con incendios y atentados en las calles y obligaron al gobierno a enviar tropas para patrullar la ciudad.
Los penales del gigante latinoamericano operan a 167% de su capacidad, una superpoblación que los expertos ven como el caldo de cultivo ideal para el dominio de las bandas.
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