De Felipe González a los incendios: las polémicas que han rodeado Doñana

Pozos de gas, falta de agua, pozos ilegales y obras aprobadas por el Gobierno, pero vetadas por la Junta. Desde que fuera declarado parque nacional en 1969, los terrenos de Doñana no han dejado de ser una de las principales preocupaciones de los ecologistas y, a su vez, un quebradero para el Ministerio de Agricultura.

El incendio que ha arrasado cientos de hectáreas en la zona y que ha provocado que se desaloje a más de 2.000 personas ha vuelto a poner sobre la palestra algunos de los problemas que arrastra desde hace años el parque andaluz.

El agua está a la cabeza de las dificultades que atraviesa el espacio protegido. La marisma del Guadalquivir, Patrimonio de la Humanidad y uno de los humedales más importantes del mundo, se moría de sed. La causa de tamaño desastre, argumentan los ecologistas, "es el crecimiento sin control de la agricultura intensiva en los últimos años y, sobre todo, las más de 3.000 hectáreas de cultivos y los más de 1.000 pozos ilegales que están llevando al acuífero a una situación crítica".

Así, en 2014 se puso en marcha un Plan de Regadío para legalizar 9.000 hectáreas de fincas. Los grupos ecologistas denunciaron que eran un aministía para muchas explotaciones irregulares. La organización WWF reveló el noviembre pasado que 1.700 balsas de riego circundan y desecan el parque nacional: "El 80% son ilegales por no disponer de permiso", aseguraba la ONG. 

Pero la sobreexplotación del acuífero (se asegura que el parque recibe sólo ya el 20% del agua que recibía hace unos años) no es la única amenaza que se cierne sobre este espacio natural único. La reapertura de la mina de Aznalcóllar; las prospecciones de gas autorizadas por el Ministerio de Energía son otros de los peligros a los que se enfrenta el mayor espacio natural protegido de España.   La contaminación del agua

Además, no solo se trata de un problema de escasez. Los vertidos, que han sido regulares a lo largo de la historia del parque, han jugado un papel fundamental en el deterioro de la biodiversidad. 

El más grave se produjo el sábado 25 de abril de 1998, 4.600 hectáreas de la cuenca del río Guadiamar en Aznalcóllar (Sevilla) amanecieron cubiertas de aguas ácidas y lodos procedentes de desechos que se almacenaban en una balsa minera explotada por la multinacional sueca Boliden. La rotura de la presa vertió 4,5 millones de hectómetros cúbicos de desechos con una alta concentración de cinc y arsénico, puro veneno para la tierra, la vegetación y la fauna de la zona. Ahora, casi 20 años más tarde la mina está camino de volver a ser plenamente operativa.

La empresa Cobre Las Cruces, por otro lado, fue condenada en 2016 por realizar detracciones de aguas subterráneas muy por encima de lo autorizado e instalar más de 20 pozos ilegales que estaban inyectando agua contaminada con arsénicoFelipe González y Gas Natural

Tampoco Gas Natural Fenosa se queda fuera de la ecuación, a pesar de que su presencia en Doñana para la extracción de hidrocarburos no es algo nuevo, sino que comenzó a finales de la década de los 80, favorecida por las personalidades que, desde entonces, han pasado por su consejo de administración: Felipe González, Santiago Cobo –marido de la hasta el pasado año alcaldesa de Cádiz y actual diputada Teófila Martínez–, o Nemesio Fernández-Cuesta Luca de Tena, exsecretario de Estado de Energía y Recursos Naturales.

A partir de 2011, el Gobierno de Mariano Rajoy dio también el visto bueno a la empresa para el almacenaje de hidrocarburos en el subsuelo. Cuando en 2013 el Ministerio de Medio Ambiente aprobó una ampliación de los pozos de la multinacional en la zona, comenzó la polémica, ya que Felipe González estaba en el consejo de administración en ese momento.

Gas Natural dividió en cuatro subgrupos el proyecto: por una parte Saladillo y Marismas Oriental, dentro del espacio natural de Doñana, y por otra Marismas Occidental y Aznalcázar. El Ministerio de Medio Ambiente aceptó los cuatro subproyectos por separado, sin hacer un estudio de impacto ambiental en conjunto. Por su parte, la Junta de Andalucía se ha negado a autorizar las obras de Gas Natural en Marismas Oriental y Saladillo, por lo que no han comenzado.Bajo la lupa de la Unesco

Por su parte, la Unesco dio un ultimátum a España en mayo pasado acerca de las amenazas sobre la marisma. Tras un primer análisis de la situación de este entorno declarado Patrimonio de la Humanidad, la organización pidió al Estado una evaluación de los riesgos.

Además, del agua, están bajo lupa, precisamente, los proyectos industriales para convertir el subsuelo del humedal en almacén de gas. Aunque no toca el mapa del parque nacional, está a su vera y como contaba el responsable designado por la Unesco para este caso, Pedro Rosabal, "el problema crucial es el impacto acumulado" de todas la actividades.