El portavoz de la Presidencia, Ernesto Abella, ha asegurado que "creer la palabra de aquellos que han admitido realizar asesinatos" como base para una querella de estas características contra un "presidente elegido democráticamente" sería, "en realidad, profundamente decepcionante".
Sobre todo, ha continuado, teniendo en cuenta que es un presidente que "quiere más que nada poner fin a una epidemia que ha afectado a millones de filipinos y filipinas y que ha sido responsable de una ola de crímenes que han sembrado el terror en muchas partes" del país "durante décadas".
Esta misma semana, un abogado filipino --que representa a Édgar Motobato, el hombre que declaró ante el Senado como parte del 'escuadrón de la muerte de Dávao', supuestamente dirigido por Duterte-- presentó una denuncia contra el presidente y otros funcionarios del Estado por los crímenes contra la humanidad cometidos en el marco de su campaña contra el narcotráfico.
En este contexto, Abella considera que el caso no va a prosperar. "Hasta donde sé, no tiene ninguna base para prosperar", ha apuntado, según ha recogido el diario 'Inquirer'. Asimismo, ha insistido en que Filipinas continúa comprometido "con ganar esta 'guerra contra las drogas' a pesar de las críticas".
"Hay que entender que el presidente está luchando una guerra contra un enemigo brutal, los narcotraficantes y los capos de la droga que abusan de nuestro pueblo", ha afirmado.
Se trata de la primera denuncia ante el TPI contra Duterte que se hace pública y está basada en el testimonio de Matobato y del policía retirado Arturo Lascañas, así como en las declaraciones de grupos de Derechos Humanos y reportajes de la prensa. En la denuncia se acusa a Duterte y al menos a once miembros del Gobierno de ser responsables de asesinato, y se insta a investigar, arrestar y juzgar a los acusados.
Al menos 9.000 personas han sido asesinadas desde que Duterte asumió la Presidencia en junio de 2016. La Policía asegura que la tercera parte de estas muertes se produjo en defensa propia durante operaciones policiales legítimas. Diversos grupos de Derechos Humanos han afirmado que los dos tercios restantes corresponden a operaciones de cooperación entre vigilantes y Policía o de policías encubiertos.
PRIMER PASO
La denuncia es sólo el primer paso del que puede ser un largo proceso en el TPI. El Tribunal primero tiene que decidir si corresponde a su jurisdicción y valorar si procede llevar a cabo un examen preliminar.
Duterte ha asegurado que ha acogido con beneplácito la posibilidad de que el TPI lo someta a juicio. En marzo aseguró que no se sentiría intimidado y que su campaña contra las drogas sería implacable y "brutal".
La fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, dijo en 2016 que su oficina estaba siguiendo los acontecimientos en Filipinas "con el fin de evaluar si era necesario abrir un examen preliminar".
"Estoy profundamente preocupada por estos presuntos asesinatos y por el hecho de que estas acusaciones públicas sobre altos cargos de la Republica de Filipinas parecen confirmar los asesinatos y, además, alentar a las fuerzas del Estado y a los civiles a seguir atacando a estas personas con fuerza letal", declaró.
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