Filipinas suma cuatro presuntos narcotraficantes muertos, lo que deja un total de 15 desde el domingo

EUROPA PRESS

Desde el día que Rodrigo Duterte asumió la presidencia, el pasado 30 de junio, la cifra de sospechosos que las autoridades han matado ha aumentado de forma exponencial. De hecho, las cifras que baraja la Policía de abatidos entre enero y mayo --fecha en que se celebraron las elecciones en las que Duterte salió vencedor-- es de 39.

No obstante, el número de narcotraficantes abatidos entre el día 30 de junio y este miércoles se acerca a 40.

De estos cuatro últimos, dos fueron abatidos mientras ya estaban bajo custodia policial --e incluso esposados entre ellos--, cuando uno de ellos presuntamente trató de quitar el arma a uno de los agentes.

Las autoridades creen que ambos, Rolando Dizon, de 34 años, y su hermano menor, de 35, trabajaban para uno de los traficantes más buscados de la ciudad filipina de Muntinlupa, Dennis 'Langaw' Esmeralda, tal y como ha informado el diario 'Inquirer'.

A estos se suman otros dos, que han sido abatidos en un tiroteo con la Policía en la ciudad de Cebú durante la madrugada de este miércoles.

CRUZADA DE DUTERTE CONTRA EL NARCOTRÁFICO

En línea con su campaña electoral, centrada en acabar con la delincuencia en el país, una vez elegido Duterte se ha comprometido a pagar recompensas a la Policía y a militares por cada narcotraficante que consigan abatir. En una rueda de prensa, el mandatario electo dijo que no estaba hablando de matarles, "sino que la orden es 'vivo o muerto'".

La semana pasada el portavoz de la Policía aseguró que no se podía concluir que este incremento en las cifras se deba a estas declaraciones, ni tampoco a las del superintendente de la Policía designado por el presidente electo --que asumirá el cargo el próximo 30 de junio--, Roland 'Bato' de la Rosa, quien aseguró que tenía preferencia por eliminar a 'señores de la droga' y sospechosos de delitos vinculados al narcotráfico.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) ha expresado su preocupación ante el creciente número de delincuentes abatidos, por lo que ha establecido un grupo de trabajo para evaluar las ejecuciones extrajudiciales.

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