El diálogo arrancó a finales de marzo, si bien no fue hasta mediados de abril cuando entró en su fase política, en medio del boicot del principal líder opositor, Jean Ping, que sigue sin reconocer su derrota en las elecciones de 2016.
El proceso ha estado protagonizado por el Gobierno y una parte de la oposición para intentar pactar una serie de reformas que sean convertidas en ley en los próximos meses para limar las diferencias en el país.
Según las informaciones publicadas por la agencia estatal gabonesa de noticias, AGP, las partes han acordado que el presidente cuente con mandatos de siete años prorrogables de forma indefinida --fórmula vigente--, si bien con elecciones a dos vueltas.
El presidente mantendrá además su influencia sobre el Tribunal Constitucional --cuyos nueve jueces mantendrán sus nueve años de mandato--, mientras que los diputados tendrán mandatos de cinco años, como hasta ahora. Sin embargo, el mandato de los senadores será rebajado de siete a cinco años, siendo recortado además su número.
Bongo juró su cargo en septiembre de 2016, después de ganar las elecciones celebradas en agosto con una ventaja muy pequeña, lo que ha despertado las críticas de numerosos grupos internacionales, que cuestionan la legitimidad de los comicios.
La victoria de Bongo, que se impuso a Ping por menos de 6.000 votos, despertó numerosas sospechas sobre el proceso electoral. Muchos sectores de la oposición, entre ellos Ping, han acusado al presidente gabonés, cuya familia lleva al frente del Gobierno 49 años, de intervenir para amañar el resultado.
Al menos seis personas perdieron la vida a raíz de los disturbios que se sucedieron por todo el país durante el 27 y el 28 de agosto, tras el anuncio de los resultados electorales.
La indignación social aumentó especialmente a raíz de que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso presentado por Ping, con el que solicitaba un recuento.
Por ello, Bongo convocó un proceso de diálogo nacional para intentar rebajar las tensiones y afrontar su nuevo mandato con unas ciertas garantías de paz social, si bien Ping no ha cedido y continúa llamando al boicot del proceso.
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