La Fiscalía de Bolivia formalizó el miércoles la acusación contra Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales y actualmente detenida bajo cargos de legitimación de ganancias ilícitas y otros, a casi seis meses de protagonizar un escándalo que afectó la imagen del gobernante.
La Fiscalía "formuló la acusación formal contra Zapata, por los delitos de asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegitimas y uso indebido de bienes y servicios públicos", según el informe enviado a la AFP.
Zapata, de 28 años, fue detenida el 26 de febrero pasado, semanas después de que una denuncia periodística revelara la relación sentimental con Morales y la existencia de un hijo de ambos que había nacido en 2007.
La versión cobró ribetes novelescos, pues Morales reconoció la relación sentimental, pero aseguró que el niño murió poco después de nacer. Aunque Zapata mantuvo por meses la versión de que el niño vivía, debió luego retractarse.
Al momento de conocerse esa relación, ella era gerente comercial de la empresa china CAMC, que se adjudicó contratos con el estado boliviano por unos 560 millones de dólares, a pesar de que no tenía ninguna formación profesional y la oposición habló de tráfico de influencias.
La revelación de la relación remeció a la opinión pública boliviana y le costó al gobernante la victoria en un referéndum, donde buscaba ser validado para postular a un cuarto mandato (2020-2025).
El caso, además, tomó rumbos confusos, pues la Fiscalía y algunas autoridades del gobierno dijeron que el infante ni siquiera nació y que el presidente Morales fue engañado con un supuesto embarazo.
La Fiscalía acotó: "Se ha logrado colectar elementos suficientes para sostener la acusación fiscal y tener éxito en la sustentación de la misma ante el Órgano Judicial".
El caso irá a un juez donde se sustanciará el proceso y Zapata, en una cárcel de La Paz, podría sufrir una condena final de hasta 10 años.
La Fiscalía también acusó formalmente a Cristina Choque, una exfuncionaria de una oficina presidencial, por los delitos de "asociación delictuosa, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes", tras confirmarse que Zapata utilizaba bienes públicos para contactar a empresarios.
También fue incluido Wálter Zuleta, exabogado de Zapata, quien pide refugio político en Perú, junto a su colega jurista Willy Sánchez.
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