El Ministerio Público concluye en su decreto, consultado por Europa Press, que los hechos denunciados "no tienen relevancia penal, son atípicos" y que, por tanto, "no es posible" iniciar un proceso por esta vía.
Con respecto al primero de los delitos atribuidos por el colectivo ecologista al exregidor y al actual primer edil, sostiene que la existencia de normativas "discrepantes", en alusión a la municipal, y a la estatal y autonómica, que pueden afectar a una misma situación de hecho "no es algo que tenga la trascendencia jurídica que pretende el denunciante al elevarlo a la categoría de hecho delictivo y valorar como prevaricadora la omisión que supone no modificar el Ayuntamiento" su planeamiento".
Añade que es una situación de "discrepancia" que ya la contempla con carácter general el ordenamiento jurídico, "consciente --remarca-- de que esa contradicción suele suceder y no es algo excepcional" y que, para resolverla, ese ordenamiento jurídico establece una serie de reglas "como el de especialidad, el de temporalidad o el de jerarquía".
"En base a este último criterio, de jerarquía, esa posible antinomia entre la norma municipal y la autonómica o estatal de mayor rango jerárquico se resuelve en favor de la aplicación de estas últimas", subraya.
Con relación a la no modificación por parte del Ayuntamiento de su normativa urbanística conforme a las sentencias firmes del Tribunal Supremo (TS) y del Superior de Andalucía (TSJA) que declaran el paraje sobre el que se asienta el hotel de Azata del Sol como suelo no urbanizable de especial protección, el fiscal señala que no puede apreciar que exista "desobediencia penalmente relevante cuando el tribunal que ha emitido un mandato aún no ha considerado que exista una desobediencia de lo mandado".
En esta línea, explica el Ministerio Público que se trata de un hecho "embrionario" que, al no partir de una resolución judicial de los órganos jurisdiccionales "supuestamente desobedecidos", que "hayan considerado que sus mandatos han sido incumplidos", no tiene "ninguna relevancia penal".
Greenpeace formuló en febrero la denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo contra el actual alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (Gicar), así como contra su antecesor, el socialista Cristóbal Fernández, por haber "permitido al Ayuntamiento de Carboneras seguir considerando como legal al hotel de El Algarrobico" pese a que se trata de una "construcción ilegal e ilegalizable", lo que suponía para la entidad "una vulneración del derecho a la tutela judicial".
El colectivo consideró que los ediles podrían haber incurrido en hasta cuatro delitos, entre los que figurarían tres de desobediencia y uno prevaricación, ya que el Ayuntamiento de Carboneras mantiene la clasificación de los suelos en los que se asienta el polémico hotel promovido por Azata como "urbanizable" en el PGOU, a pesar de que el TSJA "ha acordado precisamente lo contrario".
Por ello, pidió al Ministerio Público que se investigue por la vía penal a los responsables del Ayuntamiento carbonero, ya que el Consistorio "se niega a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 30 de septiembre de 2011, la del TSJA de fecha 11 de junio de 2012, y la del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2016" relativas todas ellas a la situación del hotel en parque natural.
En esta línea, criticó que el Ayuntamiento de Carboneras se "niega" a "cumplir los apercibimientos del TSJA" sobre la modificación de su plan general al tiempo que "desobedece la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de marzo de 2012 y dos de 18 de julio de 2012 que establecen una servidumbre de protección de 100 metros en El Algarrobico", con lo que el complejo invade y sobrepasa la línea marítimo-terrestre".
"Los responsables municipales siguen desobedeciendo impunemente de forma consciente, pública y notoria, los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que le ordenan lo contrario y continúan sin aplicar las sentencias del Tribunal Supremo", finalizaba la denuncia.
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