El Ministerio Público sostiene que Iliescu, Roman y otros altos cargos de la época utilizaron a la Policía, así como a mineros y trabajadores de otros sectores, para boicotear las manifestaciones pacíficas celebradas en la icónica Plaza de la Universidad, lo que llevó a la muerte de cuatro personas y dejó 1.388 heridos y 1.250 detenciones ilegales.
Los manifestantes protestaban por el ascenso de Iliescu y sus aliados al poder en 1990 tras ganar las primeras elecciones celebradas democráticamente en Rumanía tras la caída del régimen comunista un año antes. Fueron pacíficas hasta junio, cuando el Gobierno movilizó a infiltrados contra lo que calificaron de golpe fascista.
"Las autoridades estatales decidieron provocar un ataque violento contra los manifestantes de la Plaza de la Universidad", ha afirmado la Fiscalía en un comunicado. "La represión siguió de forma sistemática con mineros y otros trabajadores que se convirtieron en una fuerza paralela a las reconocidas legalmente", ha precisado.
Iliescu, que ahora tiene 87 años, ha negado reiteradamente que incitara a la violencia en las revueltas opositoras. Según los observadores occidentales, este suceso ralentizó la transición rumana.
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