La Fiscalía considera, en base a un informe de la UCO, que el diputado autonómico y exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz era destinatario de comisiones y dádivas por la adjudicación de un contrato de servicio y mantenimiento energético a Cofely, empresa implicada en la trama Púnica, y que envió a los técnicos de la sociedad información de las competidoras al concurso para dirigir el procedimiento.
En un informe incluido en el sumario del caso Púnica, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio fiscal a raíz de observaciones telefónicas iniciadas el 18 de junio de 2014 cree que se evidencian "intensas negociaciones sobre el pago de comisiones prometidas en el contrato" por ejecutivos de Cofely, el empresario David Marjaliza, el exdiputado Mario Utrilla y el exconcejal de Medio Ambiente de la localidad Alejandro Utrilla y representantes del exalcalde.
"Junto a las intervenciones descritas, se ha procedido al análisis de los mensajes y correos electrónicos que se intercambiaron los arriba citados durante el periodo de la licitación de enero a marzo del 2014. Las evidencias digitales muestran las interferencias e influencias de Daniel Ortiz y Alejandro Utrilla quienes, pese a no formar parte de la Mesa de Contratación, presionaron al concejal de Infraestructuras y de Mantenimiento para que exigiera más condiciones a los competidores en beneficio de Cofely", señala el informe.
La Fiscalía sospecha que existió un concierto previo en pro de la adjudicación del contrato a favor de Cofely unos meses antes de iniciarse el concurso. Además, concluye que "su conocimiento y voluntad abarcaban los perjuicios que se iban a interferir en el Ayuntamiento por imputarse los costes de las dádivas acordadas".
Entiende también que tanto el exalcalde como el exconcejal de Medio Ambiente remitieron, con conocimiento de la Dirección General de Cofely, documentos confidenciales con las ofertas de un competidor en ese concurso, en concreto documentación bancaria sobre su solvencia y un estudio financiero.
Así, los cuadros técnicos de Cofely podían realizar un contra-informe anónimo para excluir al competidor mejor baremado entonces, según se desprende de la declaración de los técnicos de Cofely.
Los papeles con el contra-informe de Cofely y, llegaron el día 26 de marzo a manos de Daniel Ortiz, con el fin de descalificar la oferta del competidor mejor baremado hasta el momento.
Los técnicos de Cofely, sobre la base de los papeles confidenciales recibidos, detectaron diferencias en el precio porcentual y el precio final de la oferta del competidor, expone el documento del Ministerio Público.
A su vez, se sospecha la participación Daniel Ortiz y Alejandro Utrilla demandando, a través de Mario Utrilla y David Marjaliza, "el pronto pago de sus dádivas, negociando al alza cantidades entre 240.000, 500.000 y 6.000 euros, como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato.
En consecuencia, se pide que sea investigado por delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública.
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